A siete años de la realización del primer debate, con un contexto político distinto. Entre los acusados, están Luis Enrique Baraldini, el ex jefe de la Policía pampeana, un símbolo de la represión, quien estuvo prófugo hasta 2010 y evitó ser juzgado hasta ahora.
El debate, que continuará hoy desde las 8.30 en el auditorio Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, es calificado por los organismos de derechos humanos como un “hecho histórico” en la provincia, con repercusión nacional también. Se investigan 243 casos de víctimas secuestradas y torturadas.
Los hechos ocurrieron en la jurisdicción de la Subzona 14, correspondiente al Comando Zona 1, cuya conducción estaba a cargo del Primer Cuerpo del Ejército con asiento en Capital Federal, en el marco de la represión ilegal en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Las situaciones incluidas por la fiscalía en la acusación presentan detenciones ilegales en distintas localidades de la provincia, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones a las víctimas en centros clandestinos de detención dispuestos por la dictadura cívico militar en La Pampa.
Mientras desde afuera del edificio se escuchaba la manifestación de los organismos de derechos humanos, el juicio comenzó a las 8.45 con la presencia de los acusados. En rigor, asistieron 15, ya que otros tres (Carlos Alfredo Sabbatini, Omar Aguilera y Miguel Gauna) no participan del juicio por cuestiones de salud.
También hubo un despliegue importante de la prensa local, que siguió el debate desde la sala, al igual que familiares de las víctimas y de algunos imputados. Afuera del Colegio de Abogados y en el interior, hubo presencia de efectivos de Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario, Policía Federal y Provincial.
En el inicio, el querellante Franco Catalani pidió al tribunal la presencia de las víctimas en la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, considerando que ello “no afecta el desarrollo” del debate -también tienen que declarar luego-. Allí, después de las consultas, el presidente del tribunal Marcos Aguerrido aceptó el planteo y las víctimas ingresaron a la sala.
Posteriormente, los secretarios Ignacio Rodríguez Berdier y Alina Trento iniciaron la lectura de las acusaciones por unos 162 hechos denunciados. Esa cuestión llevó varias horas y un cuarto intermedio, hasta que al mediodía cuando los jueces dieron por concluida la jornada.
Con la cantidad de acusaciones, quedó en claro la importancia de Baraldini en el aparato represivo que se dio en la provincia, donde las víctimas sufrieron diversos hechos como torturas, en algunos casos con picana eléctrica, abusos sexuales, prácticas de asfixia (submarino seco) y todo tipo de golpes.
Sobre el final de la audiencia, los abogados defensores de Carlos Reinhart y de Baraldini pidieron que sus asistidos puedan acceder a una computadora portátil durante el debate y en el penal para armar su defensa.
En la acusación, la fiscalía señaló que “La Pampa no fue una isla, ajena al Plan de Reorganización Nacional, todo lo contrario, en territorio pampeano se reprodujo fielmente la metodología respecto de un plan sistemático y organizado de represión, puntualizada dentro del marco del Juicio a las Juntas Militares, denominado “Causa 13” o “Juicio a las Juntas” y, en lo que aquí importa denota que la metodología utilizada se ajustó en un todo a los lineamientos de dicho “plan”.
Agregó que con “con el propósito de combatir la alegada subversión, desde 1975 se sucedieron las detenciones mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial” en forma ilegal de estudiantes, docentes, músicos, comerciantes, médicos, políticos, periodistas, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, gremialistas, todos sindicados como subversivos o “de izquierda”.
En la provincia, los centros clandestinos identificados eran la Comisaría Seccional Primera y la Segunda, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policía, todas de Santa Rosa y pertenecientes a la Policía de La Pampa, la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, la Comisaría Primera de General Pico, el Puesto Caminero de Jacinto Arauz, la Comisaría de Catriló, el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 101 “Libertador Simón Bolívar” del Ejército Argentino y las Unidades carcelarias 4 y 13 del Servicio Penitenciario Federal.
Los acusados.
El principal acusado es Luis Enrique Baraldini (78), ex Mayor del Ejército y ex jefe de la Policía de la provincia. Estuvo prófugo en el primer juicio y fue capturado en el año 2011 en Bolivia. Ayer, el diario porteño Página 12 señaló a Baraldini como “un ícono del terror en La Pampa”.
Además de Baraldini, la nómina de acusados está conformada por el ex segundo jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 de Toay, Carlos Alfredo Sabbatini (88); el ex coronel y ex secretario general de la Gobernación, Néstor Omar Greppi (74); los ex miembros de la Policía provincial asignados al “grupo de trabajo” del comando de la Subzona 14 Omar Aguilera (79), quien fue su jefe de Operaciones; Roberto Oscar Fiorucci (77), jefe de inteligencia; y los ex oficiales Carlos Roberto Reinhart (66), Antonio Oscar Yorio (71), Néstor Bonifacio Cenizo (61), Hugo Roberto Marenchino (72), Oscar Alberto López (73) y Athos Reta (80), y el ex agente Orlando Osmar Pérez (68).
Los ex oficiales de la comisaría Primera de Santa Rosa, Miguel Angel Ochoa (65) y Jorge Osvaldo Quinteros (68); el ex oficial de la comisaría de Jacinto Arauz, Miguel Gauna (80); el ex oficial de las comisarías de Toay y de la Primera de Santa Rosa, Juan Domingo Gatica (69); el ex oficial del Departamento de Informaciones policiales, Luis Horacio Lucero (64); y el ex médico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto (71).
En la causa, los fiscales generales son Alejandro Cantaro y Miguel Palazzani. El Ministerio Público Fiscal también tiene como representante al fiscal ad hoc José Nebbia. Palazzani formó parte del primer juicio, pero como abogado de una de las querellas.
Catalani patrocina a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci y Graciela Bertón. También al Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca. Por su parte, Juan Resia representa a Raquel Barabaschi.
Los acusados Marenchino, Fiorucci y Reinhart, son representados por el defensor oficial Hernán Vidal; Baraldini, por Pedro Mercado y Omar Cayre; Gatica, por Gastón Gómez; Pérez Oneto por Máximo Pérez Flores y Gerardo Ibáñez; Ochoa, Quinteros, Lucero, Pérez y López, por Carlos Riera; Cenizo, Yorio y Reta, por Laura Armagno, y Greppi, por Luciano Rodríguez.
Cruces en los recesos
Una situación que llamó la atención en la primera jornada del juicio es que las víctimas que asistieron al debate se cruzaron en los recesos dispuestos por el TOF con los acusados que están en libertad. Sin dudas, una situación que genera incomodidad para quienes sufrieron los hechos que se están investigando.
JUECES – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa es el encargado de juzgar a los ex policías y ex militares acusados en la causa. El cuerpo está integrado por el presidente Marcos Aguerrido, José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava. Triputti fue el único de los tres magistrados que estuvo en el juicio de 2010.
PRIMERA VEZ – Los ex policías Miguel Angel Ochoa y Oscar “Miseria” López y el ex médico de la Policía pampeana, Máximo Pérez Oneto afrontan por primera vez un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en la provincia, ya que no estuvieron en el primer debate de la causa Subzona 14.
POR SANTIAGO – Las organizaciones de derechos humanos de La Pampa reclamaron también ayer frente al Colegio de Abogados por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que permanece desaparecido desde el 1º de agosto pasado en Chubut, tras un operativo de Gendarmería. “Exigimos la aparición de Santiago”, manifestaron.
(Fuente La Arena-PlanB)
