El profesor de paddle que a mediados de junio pasado fue denunciado por una familia por haber abusado de una alumna de seis años reconoció su culpabilidad para acceder a un acuerdo de juicio abreviado. El fiscal Walter Martos, quien llevó adelante la investigación, había dado por probado dos situaciones de abuso y pidió al juez Gabriel Tedín una pena de tres años en suspenso, además de medidas cautelares y un tratamiento psicológico, entre otras obligaciones.
La denuncia fue efectuada a mediados de junio por familiares de una menor de 6 años de edad en la comisaría de Doblas. Según revelaron fuentes allegadas a la investigación, “la denuncia se hizo cuando la niña contó en su familia que no quería tomar más clases de padel. Cuando le preguntan por qué no quería ir más dijo lo que había ocurrido: el profesor, que tiene 47 años y es oriundo de Doblas, la habría manoseado en uno de los baños del sector de la cancha de padel del Club Independiente”.
Juicio abreviado.
El fiscal Martos reveló ayer los avances de la causa. “Las acusaciones están en tramos finales. La familia aceptó la posibilidad de un juicio abreviado, por eso la semana pasada se firmó el acuerdo entre las partes. El acusado reconoció haber sido el autor de dos situaciones de abuso con la menor, una hace más tiempo cuando la niña fue a presenciar una clase, donde hubo tocamientos, y otra la que concluyó en la denuncia ya en calidad de alumna, por eso hay dos imputaciones, una de abuso sexual simple y otra de abuso sexual agravado por su situación de docente a cargo de la niña”, explicó.
“Posteriormente -el lunes- el juez Gabriel Lauce Tedín ya tuvo la audiencia con el acusado para corroborar que aceptó su culpabilidad, y este jueves -a las 12- está citada la familia a una audiencia similar, si todo se mantiene como se firmó en el acuerdo, seguramente la semana que viene estará el fallo. Desde la fiscalía hemos pedido una pena de tres años en suspenso”, agregó.
Martos también indicó que, además de esa sanción, pidió “tres años de reglas de conducta que incluye estar a disposición del Ente de Políticas Sociabilizadoras (ex Patronato de Liberados) que le fijará acciones periódicas, un tratamiento psicológico, que será potestad del área de medicina forense, y medidas de restricción de 500 metros del domicilio de la menor o donde se encuentre”, concluyó Martos.
