asta ayer, en Carbap esperaron en vano una llamada que, al menos hasta el cierre de esta edición, no había llegado. Horas antes de que hoy la Legislatura bonaerense vote la suba del 50% en el impuesto inmobiliario rural, allí aguardaron una señal que abriera expectativas de una posible reducción en el impacto del incremento. Pero no sólo no llegó la llamada, sino tampoco la oferta de alternativas que pudieran compensar la mayor carga tributaria.

Con ese trasfondo, hoy los máximos directivos de la entidad tendrán un búnker en un hotel de La Plata. Desde allí seguirán las tratativas en la Legislatura, recibirán a los legisladores o autoridades que eventualmente quieran conversar con ellos y mantendrán una reunión que podría ser la antesala de la convocatoria a masivas asambleas de protesta en el interior bonaerense.

Ayer, a modo de ensayo, hubo reuniones zonales de rurales adheridas a Carbap en Pergamino y Chascomús. En ambos lugares el rechazo a la suba del Inmobiliario Rural fue unánime. Los productores vienen sacando números que demuestran el impacto. En Chacabuco, un establecimiento de 130 hectáreas que durante 2017 pagó $ 102.067 tendrá que abonar en 2018 $ 153.100,67. En Ayacucho, un campo de 420 hectáreas de cría bovina que afrontó $ 56.697 este año para el próximo recibirá boletas que ascenderán a un total de $ 85.046. En tanto, en Trenque Lauquen, un establecimiento lechero con 320 hectáreas que durante 2017 pagó un total de $ 93.217,79 en 2018 tendrá que abonar $ 139.826,31.

«En todos los casos los aumentos van en un 50% de punta a punta; en realidad, no hay promedios», dijo Horacio Salaverri, tesorero de Carbap que ayer participó del encuentro con las rurales que se reunieron en Pergamino.

Salaverri señaló que percibió malestar entre los productores no sólo por el incremento del Inmobiliario Rural, sino porque consideran que «hay discriminación» en la rebaja impulsada para Ingresos Brutos. En rigor, mientras las pymes de otros sectores estarán eximidas del tributo si facturan menos de $ 78 millones al año, para las del agro ese beneficio regirá si facturan menos de $ 3 millones al año. Para los ruralistas el trato con otros sectores debería ser igual, es decir, por el mismo monto, o ponerse un nivel más alto de al menos $ 19 millones.

En tanto, desde el gobierno bonaerense, Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria provincial, señaló que en el caso del Inmobiliario Rural quedan exentos de la actualización los campos de menos de 50 hectáreas que facturan menos de $ 3 millones anuales. «Son 38.768 sobre 84.000 productores los que se encuentran en esas condiciones y quedarían exentos de Ingresos Brutos y de pagar el Inmobiliario Rural [también quedan exentos los inundados en 2017]», dijo Sarquís.

En los últimos días, Sarquís visitó Coninagro y mantuvo reuniones con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carbap y la Federación Agraria Argentina (FAA). Ayer, el funcionario recibió a directores de FAA. Sarquís escucha y señala que el dinero de los impuestos está volviendo en obras, como los $ 46.000 millones en trabajos hídricos, hidráulicos, rutas nacionales y provinciales.

Pero eso no calma a los ruralistas. Según Salaverri, «si no hay un entendimiento, es posible que haya asambleas informativas y resolutivas». Matías De Velazco, presidente de la entidad, le dio fuerza a esa idea. «Si hubiera que hacer una manifestación, no tendríamos problemas en hacerla», apuntó.

También hay quejas en Córdoba. Allí la Comisión de Enlace provincial rechazó una suba del 37% promedio en el Inmobiliario Rural.