En tres causas se investiga supuesto fraude y lavado de dinero en los fondos de campaña de Cambiemos. Uno de esos tres expedientes fue iniciado por el fiscal Di Lello con competencia electoral y , después de percibir la documentación solicitada a organismos del Estado, se inició el entrecruzamiento de datos sobre las 205 personas que integran el listado de aportantes presuntamente falsos y que derivó en causas judiciales.
Lo que se busca determinar con las medidas impulsadas por Di Lello, es si los 205 aportantes habrían hecho una rendición falsa y si con esta maniobra se buscó «ocultar el verdadero origen de los fondos volcados a la campaña electoral», indicaron fuentes judiciales.
Al momento de analizar los datos proporcionados por la Anses la fiscalía pudo constatar que un gran porcentaje de esos 205 aportantes que figuran colaborando con fondos a la campaña, son beneficiarios de asignaciones, «mayoritariamente la AUH y escolaridad», según pudo constatar Clarín.
La fiscalía a cargo de Di Lello había pedido un detalle de todas las percepciones de estas 205 personas: asignaciones, jubilaciones, subsidios, pensiones.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley informó respecto a los planes sociales que de las 205 personas que figuraban como aportantes más de 150 son beneficiarios diferentes programas.
La denuncia inicial radicada en La Plata, usando de base la investigación de un portal de noticias, señalaba que quienes integraban la rendición de gastos de campaña, eran beneficiarios de los programas «Ellas hacen», «Argentina trabaja» y «Hacemos futuro». La información con la que cuenta el fiscal Di Lello corrobora que la mayoría, efectivamente, recibe dinero en el marco de alguno de estos planes sociales.
Finalmente, Di Lello recibió información de la Gendarmería Nacional. Para agilizar la investigación, del recorte de los 205 casos, el fiscal tomó los primeros 25 y los últimos 25 y pidió una tarea de constatación «a fin de ver la situación socio económica de los aportantes».
La información que ingresó a la Fiscalía planteó descripciones generales: «calles de tierra», «hogares sin servicio eléctrico» y en todos los casos se reitera que los aportantes a la campaña de Cambiemos, viven en «zonas humildes».
La fiscalía además, recibió información de la Cámara Electoral, que señaló que de 100 aportantes del listado investigado, 99 son afiliados al PRO. Entonces se busca determinar si se utilizó alguna base de datos del Estado para la maniobra y si hubo un «violación de datos».
Todos estos datos que se continúan analizando serán remitidos la próxima semana a la justicia penal con competencia electoral de La Plata, el Juzgado 2 a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu.
Lo que se busca desentrañar con el avance de la causa es el origen de los fondos aportados a la campaña. «El delito electoral es si aportaron empresas, algo prohibido por ley. No pueden aportar en campaña pero sí pueden aportar al partido», señalaron desde la justicia electoral.
Para dichos aportes hay topes: para los partidos nacionales, el límite de aportes por año calendario es de 6.197.815 pesos para personas físicas y 3.098.907 pesos para personas jurídicas. Estas cifras se actualizan cada año electoral en función de una fórmula fija.
Las otras causas
En los Tribunales de Comodoro Py, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli, investigan los aportes truchos de Cambiemos correspondientes a la última campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, por presunto lavado de dinero.
En esta causa este miércoles, como adelantó Clarín, Margarita Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez presentarán una nueva denuncia incorporando 150 nuevos casos de financiamiento «fraguado a través de falsos aportantes». Se pide además que la investigación no sólo se circunscriba a la última campaña, sino que se amplíe a las presidenciales de 2015. Esta investigación inició con la denuncia de La Alameda.
En La Plata, la causa se originó tras la denuncia de la diputada provincial Teresa García (FPV). Quedó en el juzgado de Ernesto Kreplak. En el escrito se denunció a la gobernadora Vidal como presidenta del PRO a nivel provincial, a Jorge Macri y Néstor Grindetti como vicepresidente 1º y 2º del espacio y a Federico Salvai en su rol de Secretario General.
Las acusaciones formuladas contra todos ellos son: usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, y violación de secretos y privacidad. En este caso de detalló que durante la última campaña electoral Cambiemos contó 4.800 aportantes que contribuyeron con 43,1 millones de pesos. De esta cifra, más de 22 millones correspondían a la campaña de Esteban Bullrich y 20.855.000 a la de Graciela Ocaña. (Clarín)
