El Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral aconsejó a la Justicia electoral no aprobar el informe de financiamiento de campaña de Cambiemos de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017 de la Provincia de Buenos Aires. Se trata del informe financiero que fue objeto de críticas a partir de una investigación periodística del sitio “El Destape”, que reveló hace dos meses la inclusión como aportantes de beneficiarios de planes sociales que negaron haber donado al oficialismo.
El documento de auditoría, realizado por el contador Nicolás Haddad a pedido del Juzgado Federal N° 1 de La Plata (con competencia electoral), concluyó: “Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas y considerando las observaciones formuladas en el presente Informe, no me resulta posible aconsejar la aprobación del informe final (…) hasta tanto sean subsanadas las mismas”. El dictamen fue firmado el 31 de julio último y el Juzgado a cargo del juez Adolfo Ziulu aún no se expidió sobre la validez del informe financiero de Cambiemos.
A continuación, los puntos salientes del informe:
-El auditor de la Cámara presentó un listado de más de 200 personas que figuran como aportantes de campaña de Cambiemos y que, al momento de realizar el aporte, percibían alguna prestación social del Estado o más de una. Por ejemplo, hay más de 80 aportantes que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), casi 200 revistan como monotributistas sociales, hay 30 que están incluidos en el Plan Progresar (de becas educativas) y hay casi 90 que están incluidos en el Programa Hogar (de garrafas).
“Tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado nacional o estén inscriptos en el monotributo social en la que podrían ser también beneficiarios de tales programas, resulta llamativo, aún siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política”, señaló el auditor, y aclaró que este listado “corresponde a una parcialidad del total de aportantes”, ya que también figuran como aportantes beneficiarios de otros planes, como Argentina Trabaja o Ellas Hacen.
Por eso, sugirió al juez que cite “en la cantidad que considere representativa” a las personas que figuran en ese listado para que confirmen el aporte. El juez solicitó los domicilios de las personas enumeradas por el auditor. El 24 de agosto recibió esta información de todas las personas del listado, pero aún no los llamó a declarar, según se desprende del sistema de consultas web del Poder Judicial de la Nación, que informa la actividad de la Justicia electoral.
-También el auditor Haddad presentó un listado de monotributistas con aportes importantes a la campaña. Por ejemplo, hay diez que registran aportes de más de $20 mil y se encuentran en la categoría A del monotributo, a la que corresponde una facturación máxima de $7 mil mensuales. El auditor le aclaró al juez que esto “no constituye una observación a subsanar, sino una información (…) para que, en caso de considerarlo necesario, tome las medidas que estime procedentes”.
Por eso, Haddad sugirió al magistrado que cite a declarar a todos los monotributistas cuyo aporte supere el límite de facturación mensual promedio y a todos los aportantes que sean empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que den su expresión de consentimiento, es decir, que confirmen el aporte y que aclaren si fue realizado con fondos propios o si fueron obligados a efectuarlo.
El juez citó a ocho monotributistas del listado a su juzgado para los días 16 y 17 de agosto para que presten declaración testimonial. De ese total, sólo dos se presentaron y confirmaron haber hecho el aporte (ver acá y acá). El juez, además, pidió a juzgados federales de distintas jurisdicciones que citen a declarar a otras personas de este listado que tienen domicilio en su jurisdicción.
-El informe, además, enumeró distintos aportantes que comparten directorio o son empleados de una misma empresa. “Existen casos de personas físicas relacionadas entre sí por pertenecer a la misma empresa o entidad, situación que permite inferir con cierto grado de certeza que se trata de aportes indirectos efectuados por las empresas o entidades, prohibidas por la legislación vigente”. Algunas de esas empresas, además, son concesionarias de servicios públicos, que tienen prohibido hacer aportes a partidos políticos incluso por fuera del período de campaña electoral, según señala la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos.
Este modus operandi fue revelado por el medio Chequeado en una investigación sobre la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015. En aquella contienda electoral, Macri recibió $3 millones de pesos de contratistas del Estado realizados a través de aportes privados de integrantes de estas compañías.
La Justicia electoral, por su parte, mostró en las últimas décadas evidentes dificultades y obstáculos para avanzar en las investigaciones financieras sobre los partidos. La jueza con competencia electoral porteña María Servini de Cubría aún tiene pendiente una resolución sobre el informe financiero de campaña del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2007 y la Cámara Nacional Electoral tiene en sus manos la resolución sobre la validez de los informes financieros de 2015 del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y de Compromiso Federal. (Chequeado)
