“Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”, reza la página de la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso, la funcionaria que acaba de ser imputada por segunda vez desde que asumió ese cargo.
La fiscal federal Paloma Ochoa abrió la causa penal tras una denuncia de legisladores del Frente Renovador, que acusaban a Laura Alonso de ser la responsable de dictar una resolución que desvinculó al presidente Mauricio Macri del acuerdo que intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de deuda del Correo Argentino.
Vamos por ⚖️ #LauraAlonso fue imputada por la denuncia que presentamos junto a mis compañeros de bancada del @FrenteRenovador #CorreoArgentino, #Aranguren y así 3 años, queriendo justificar estos chiqueros https://t.co/mdMGb0RHOF
— Cecilia Moreau 💜💚 (@CECILIAMOREAU) November 13, 2018
En junio pasado, el organismo sostuvo que el presidente de la Nación no cometió ninguna falta ética ni incurrió en conflicto de interés, cuando su gobierno acordó el pago con la empresa que pertenece a su familia, el cual fue objetado por la fiscalía por «abusivo y perjudicial» para el Estado.
En esa ocasión, la OA también desligó de la causa a Oscar Aguad, ex ministro Comunicaciones de la nación y a Juan Manuel Mocoroa, el ex director general de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, quien representaba al Estado en el juicio con el Correo Argentino.
La causa, que quedó en manos de la jueza María Romilda Servini, representa la segunda imputación de la funcionaria desde que está al frente de la Oficina Anticorrupción, el organismo que debiera controlar al Poder Ejecutivo.
Es que Laura Alonso ya había sido acusada por el fiscal Carlos Stornelli por irregularidades en la contratación de una consultora de prensa y comunicación, creada por ex voceros del PRO.
La deuda
En 2001, la empresa Correo Argentino – perteneciente a la familia Macri- dejó de pagarle al Estado nacional el canón y en 2003 fue estatizada por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner, tras lo que se inició una causa por la deuda que alcanzaba los 296 millones de pesos.
En 2016, el Gobierno nacional -ya a cargo de Mauricio Macri- y la empresa, llegaron a un acuerdo de pago que fue objetado por «abusivo y perjudicial» para el Estado, ya que implicaba una quita del 98,2 por ciento del monto total porque no se le aplicaban intereses. (InfoCielo)
