El máximo tribunal electoral del país, que integran Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña del oficialismo al juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Adolfo Ziulu. «Los hechos llevados a conocimiento de la Justicia Penal están referidos a los datos incluidos en el informe final de las campañas electorales legislativas del año 2017 entregado ante la Justicia Electoral», señaló la Cámara Electoral en su decisión, según recogió la agencia Noticias Argentinas.
Según el fallo, ese informe es el «instrumento de rendición de cuentas con el cual se inicia, en el fuero electoral, el procedimiento de control de financiamiento de campañas electorales» que regula Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215).
Por esa razón, Dalla Vía y Corcuera consideraron que las denuncias llevadas al fuero penal debieron haber sido dirigidas al juez federal electoral y, en consecuencia, resolvieron en primer lugar que «el señor juez federal con competencia electoral de Buenos Aires (Ziulu) es competente para conocer sobre los hechos planteados en la causa».
En segundo lugar, el fallo ordena que «el juzgado federal en lo criminal y correccional N° 3 de La Plata (a cargo de Kreplak) remita dichas actuaciones al señor juez federal declarado competente, para su incorporación a la causa en la que tramita el control patrimonial de la campaña electoral».
El fallo aclaró, no obstante, que esto «no implica en modo alguno, que pueda afectarse el avance de causas penales, a partir de la afirmación de pretendidas vinculaciones entre los hechos que en ellas se investigan y el patrimonio de los partidos políticos o el financiamiento de sus campañas electorales».
La Cámara Nacional Electoral resolvió así la disputa que viene desarrollándose en los tribunales por la competencia para llevar adelante una de las causas judiciales más sensibles para Cambiemos. En septiembre, Kreplak rechazó un pedido de inhibitoria presentado por Ziulu y se declaró competente para investigar los posibles delitos penales relacionados con los manejos denunciados, sin que ello niegue la existencia de una violación del Código Nacional Electoral.
Por esta causa judicial también promovió acciones el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital, a cargo de Sebastián Casanello, quien también rechazó en septiembre pasado el pedido de inhibitoria de Ziulu.
Casanello está a cargo de una denuncia por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica a partir de la presentación de la organización La Alameda, que denunció afiliaciones masivas forzadas al PRO y aportes de campaña falsos, armados con listados de beneficiarios de planes sociales.
Casanello le tomó declaración testimonial a unas 40 personas que ratificaron las denuncias de quienes figuran aportando dinero, pero dijeron desconocer haber hecho esos aportes.
No obstante, el fallo emitido por la Cámara Electoral este jueves sólo afecta al juzgado de Kreplak.
Fuente: Perfil
