Desde este mes rige en la provincia de Buenos Aires un aumento del 38% en el Impuesto Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural.
El Inmobiliario no es el ingreso más importante de ARBA. El filón es Ingresos Brutos, que grava la actividad económica, pero la retracción económica afectó esa entrada tributaria. No obstante, los propietarios de inmuebles sufrirán otro año complicado por la reciente revaluación fiscal. Este reacomodamiento resuelto por el gobierno provincial acercó el precio fiscal del bien al valor de mercado. Por eso, el 38% de suba resulta significativo.
En la redada impositiva, muchos inmuebles de clase media que hasta hace meses no pagaban el impuesto por Bienes Personales se incorporaron a ese tributo. Como se sabe, en aquel momento se resolvió que el mínimo no imponible para 2018 fuera de 1.050.000 pesos. Con una propiedad y un automóvil, un alto porcentaje de contribuyentes quedó dentro del esquema.
La estimación es que 4.867.000 viviendas y comercios tuvieron una revalorización fiscal. También 1.700.000 terrenos. Las autoridades se habían puesto a resguardo porque la última actualización había sido en 2005 y la ley dispone que el ajuste se puede hacer cada década. El inmobiliario Rural fue actualizado en 2012, en medio de grandes manifestaciones de productores en el parlamento bonaerense. La próxima será en 2022. Igual, hace un año quedó establecido un reajuste para aquellos casos donde se detecten mejoras en los lotes. Por ejemplo, ampliaciones de viviendas, silos o molinos, entre otras.
De acuerdo con las escalas confeccionadas por el fisco provincial, en 2019 la suba del Inmobiliario Urbano determina que el 76% de los contribuyentes de esa categoría pagará un alza promedio de 63 pesos por mes, con un techo de 99 pesos. La medida alcanza a más de 7 millones de contribuyentes.
Esa ecuación fue resuelta por la Legislatura en la Ley Impositiva. En contrapartida con la suba del Inmobiliario, la norma determinó algunas bajas en Ingresos Brutos. Representa un bache en los recursos propios, además, por el impacto en la Provincia del recorte de fondos desde Nación al transferir al Estado bonaerense subsidios al Transporte, agua y electricidad. El déficit por el traspaso será de 40.000 millones de pesos (sin las transferencias sería sólo de 12.000 millones).
En cuanto a la baja en las alícuotas de Ingresos Brutos, significará una transferencia al sector productivo privado de 10.000 millones de pesos. Se aplica de la siguiente manera: para la Producción primaria la reducción será de 1,5 a 0,75 %; Construcción de 3 a 2,5 %; Servicios de 5 a 4,5 %; Transporte de 3 a 2 %; Comunicaciones de 5 a 4 %; Servicios inmobiliarios de 6 a 5 %; Electricidad, gas y agua de 4 a 3,75 %.
La novedad de este año es la creación de un impuesto al juego, que representa un 2 % para los premios de las máquinas tragamonedas en la Provincia.
Todo en tiempos de absoluta precariedad financiera. El total de gastos comprometidos para este ejercicio, en el último año de gestión de María Eugenia Vidal, es de 929.000 millones de pesos. Los ingresos previstos son 889.000 pesos. (Clarín/Diario de Rivera)
