De todas las provincias productivas relacionadas con los granos, Buenos Aires es la que sufre la mayor participación del Estado en concepto de renta agrícola.
Con el índice del 63,2 % de aporte a este marzo, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina también precisó que el Estado se queda con el 62,2 % de lo producido por La Pampa; con el 60,4 % de Santa Fe; con el 59,3 % de Córdoba y con el 58,1 % de San Luis.
La medición marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,6 % para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.
Se considera que, de cada 100 pesos de renta (valor de la producción, menos los costos) que genera una hectárea agrícola, $ 60,60 se lo llevan los tres niveles de los diferentes gobiernos: municipal, provincial y, especialmente, nacional.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 60,5 %, la participación del Estado en soja es del 65,8 %, maíz 52,3 %, trigo 53,5 % y girasol 67,8 %.
En los resultados se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos distintos sobre cada uno de los cultivos.
De todos modos, aún siendo importante el 63,2 % que afecta a Buenos Aires, es un promedio de los últimos años desde 2016 (Ej. 63,4 % en diciembre y 59,1 % en junio, en ambos casos de 2018), donde en septiembre de 2015 fue del 94,1 %).
“El movimiento del indicador actual es resultado de factores que lo impulsan a subir y de otros que lo impulsan a bajar”, dijo David Miazzo, economista jefe de la FADA.
En la medición de este marzo, los posibles causantes de la suba fueron la caída de los precios de soja y maíz; la actualización de los impuestos como tasas viales municipales y los impuestos inmobiliarios rurales provinciales y la suba de los costos.
“Esos componentes parecían esperar que el indicador iba a subir; sin embargo, la esperada cosecha récord y el movimiento en el tipo de cambio impulsaron a que baje”, agregó.
Durante 2018, las tasas viales municipales y los inmobiliarios rurales provinciales se habían licuado producto de la devaluación.
En todas las provincias analizadas por la FADA se paga el impuesto inmobiliario rural, con este desglose: Buenos Aires y San Luis (1 %) y La Pampa (0,5 %) pagan Ingresos Brutos y en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.
Bonaerenses y santafesinos tienen tasas municipales, mientras que La Pampa posee las guías cerealeras. Córdoba y San Luis no tienen imposiciones a nivel local, así como los puntanos y los pampeanos cuentan con impuestos al estilo de aduanas internas.
Luego de la importante devaluación de 2018 llegaron los incrementos de precios y costos, con efectos directos sobre la inflación. Las labores se han incrementado cerca de un 36 %, en pesos, con respecto a este diciembre.
Al analizar la estructura de costos, según la moneda en la que se expresan, se puede identificar que el 57 % de los costos de una hectárea de soja está dolarizado. Si se considera el costo de la tierra, representan el 68 %. En el caso del maíz, los costos dolarizados ascienden al 61 % y, si se considera el valor de la tierra, asciende al 67 %.
En el caso de los fletes, hubo un incremento de precios en el último trimestre: 41 % en promedio. Esta suba tuvo como efecto que los fletes pasaron de representar el 11,9 % de los costos del maíz, a representar el 16,6 %.
Al analizar los costos, desde la FADA resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 12 % y el 16% de todos los involucrados en una hectárea de maíz.
El segundo son los fletes, donde se puede ver cómo aumenta a medida que uno se desplaza hacia el interior. En el caso del maíz, el flete representa el 24 % de los costos en Buenos Aires; en Córdoba el 28 %; en San Luis el 26 %, en La Pampa el 28 % y en Santa Fe el 17 %.
Se espera que la cosecha 2018/19 sea récord en términos de toneladas, con incrementos esperados para maíz y soja cercanos al 40 % con respecto a 2017/18.
“Este elemento genera un incremento del valor de producción, de la renta y hace caer la participación relativa del Estado en la renta”, indicó Miazzo.
Los impuestos provinciales tienen divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $ 1.061 por hectárea, la mayor parte inmobiliario y el resto ingresos brutos.
Al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son viales, con un 70 % de lo recaudado destinado a caminos rurales y el otro 30 % al municipio.
Sobre el índice FADA
Que el Estado participe del 60,5 % de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación a la soja) representan $ 60,50 de cada $ 100 que genera de renta una hectárea promedio.
La renta es lo que vale la producción menos los costos; en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.
Así, por ejemplo, si suben los costos, la renta baja y el indicador sube. Y, si bajan los precios, baja el valor de la producción, se reduce la renta y, nuevamente, aumenta el índice FADA.
La producción y costos de la hectárea se calculan con los rindes, costos y distancias al puerto promedio del país para soja, maíz, trigo y girasol y ponderándolos por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado. (La Nueva)
