El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación detectó 155 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio del 2019, de los cuales 18 son vinculados y seis son personas Trans.

El trabajo contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), personas Trans, perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio y, también, incluye los casos de femicidios vinculados.

De la información que refiere a las características principales de las víctimas, se obtuvo casi la totalidad de las edades. Dentro del rango de víctimas menores de 18 años, se destacan 13 casos de menores de 11 años.

La mayor cantidad de casos fueron cometidos por hombres adultos. Sobre la modalidad, 39 asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego, 38 por apuñalamiento, y un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas.

La provincia en la que más casos se produjeron fue Buenos Aires, con un total de 62 en lo que va del año. Le siguen las provincias de Córdoba con 14 casos; Santa Fé con 10 casos confirmados; Tucumán con 9 y en Chaco 8.

En cuanto a las víctimas colaterales, se puede afirmar que 103 niños quedaron sin madre y 5 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, a los que se suman 13 hijos sin datos de edad.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo de la Nación redobla sus esfuerzos para que todas las herramientas legales que tiene a su alcance y los compromisos internacionales que ha asumido se conjuguen de manera compatible.

En tal sentido, está elaborando propuestas de carácter preventivo, asistenciales y medidas reparadoras.

Como propuesta de carácter preventivo se trabaja para el cumplimiento en todo el país de la Ley Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y la difusión e implementación de la Ley Nº 27.499 (denominada Ley Micaela), a los fines de garantizar la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

En cuanto a las asistenciales, se pretende garantizar el acceso a la Justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia; esto es el acceso al debido asesoramiento y al patrocinio jurídico gratuito, como así también, en los casos a rápidas y eficientes medidas cautelares como el botón anti-pánico o la disponibilidad de refugios y hogares para víctimas de violencia en todo el país.

Finalmente, en el aspecto reparatorio se solicitó el cumplimiento de la Ley Brisa en todo el país, agilizando los trámites que dependen de la ANSES para el pronto cobro de la reparación económica hacia los hijos de víctimas de femicidio.