La asignación universal por hijo (AUH) fue creada a través del decreto 1602/09 el 29 de octubre de 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la actualidad alcanza a cualquier niño o adolescente hasta los 18 años cuya madre o padre estén desocupados, o bien sean trabajador no registrado (sin aportes), del servicio doméstico, monotributista social o inscripto en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo; el monto ronda los 2.100 en mano por mes y los 6.900 en caso de discapacidad.
«La AUH fue el resultado de un proceso de debate de todo el arco político y de la sociedad que comprendió que no se trata de una ‘plan social’ sino de un derecho que, así como lo reciben los hijos de los trabajadores formales, debían recibirlo el resto», dijo Fernanda Reyes, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de ANSES, a la agencia de noticias Télam.
La funcionaria aseguró que «se trata de una transferencia directa, sin intermediarios ni discrecionalidad» y afirmó que «después de tantos años pudimos derribar varios mitos como que las mujeres ‘se embarazan para tener un plan o que tienen muchos hijos'».
Según datos de ANSES, las familias que perciben la AUH tienen un promedio similar de hijos que aquellas que cobran mediante el régimen de asignaciones familiares en trabajos en blanco: el promedio de las primeras es 1,78 y el de las segundas es 1,64.
De los 13 millones de niños y adolescentes que habitan el país, unos 9,5 millones son alcanzados por alguna cobertura nacional: «Unos 3,9 millones por la AUH; 4,6 millones por asignación familiar y un millón deduce de ganancia; el resto puede que reciba alguna cobertura provincial o local», sostuvo.
Sin embargo, Sebastián Waisgrais, especialista en inclusión social de UNICEF, señaló que «se estima que 1,2 millones de chicos no reciben nada y son precisamente los que tienen peores situaciones de vulnerabilidad: viven alejados, no tienen DNI, no se encuentran al cuidado de sus padres, son hijos de migrantes con menos de tres años de residencia, etc».
En ese contexto, sostuvo que «el primer desafío de la AUH es lograr la universalidad de la cobertura; también habría que revisar lo punitivo de las condiciones que se exigen, es decir, hoy para sostenerla hay que presentar controles de salud y libreta escolar y sino se retira, eso explica por qué entran y salen beneficiarios todo el tiempo».
Waisgrais añadió que «esas condiciones, que buscan ser un incentivo, terminan penalizando; por ejemplo, tenemos 500.000 adolescentes fuera del sistema educativo, pero es el Estado el que debería salir al encuentro de cada niño, ver cuál es su situación y garantizar su acceso a la salud, a la escuela, en caso de que no lo tenga, en lugar de sacar la cobertura».
En ese camino, Waisgrais reconoció de la actual gestión del Gobierno nacional «que ha tenido políticas para ampliar la cobertura de este derecho, tanto la incorporación de los hijos de monotributistas como otras medidas lograron incorporar desde 2016 a casi 400.000 nuevos chicos».
Por su parte, Ianina Tuñón, investigadora responsable del «Barómetro de la Deuda Social de la Infancia» de la UCA, sostuvo que «al tratarse de una transferencia económica directa, su impacto comenzó a verse inmediatamente en 2010; en efecto, durante muchos años mantuvo estable la indigencia y la inseguridad alimentaria severa».
Sin embargo, la investigadora describió que «ese impacto se detuvo en el último período interanual (2017-2018) donde no sólo aumentó la indigencia en la infancia en 3,3 puntos porcentuales, según el último reporte oficial (INDEC, 2018 y 2019), sino que otros indicadores directos de pobreza extrema como la inseguridad alimentaria también registraron un incremento muy significativo».
En este contexto, las fuentes consultadas por Télam sostuvieron que además de la universalidad, otro desafío de la AUH es ajustar el monto para que «efectivamente cumpla su función de garantizar un derecho». (Telefé)
