Con barricadas en varios barrios de Santiago de Chile se inició hoy el «súper lunes» de marchas y concentraciones callejeras en todo el país con las que los manifestantes exigen cambios económicos e institucionales, el motivo de una ola de protestas que ya dejó 23 muertos y miles de detenidos y heridos.
Las congestiones de tránsito y desvíos en los servicio de transporte por las barricadas, que también se registran desde la madrugada en las ciudades Valparaíso y Viña del Mar, se suman a una caravana de taxistas que desde tres puntos de encuentro en Santiago se desplazarán hacia el centro para exigir la renuncia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt.
Las protestas, que arrancaron a mediados de octubre por la suba del transporte público y ahora además reclaman una nueva Constitución, contemplan para hoy una concentración en la plaza de los Tribunales de Justicia, frente a la antigua sede del Congreso, donde se pedirá a los legisladores que abandonen el tratamiento de proyectos que «sólo apuntan a profundizar las desigualdades».
La presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, aseguró el domingo que los afiliados a ese sindicato tienen claro que «en la medida en que no haya presión, hay una agenda del Gobierno que va a seguir avanzando» y está «en las antípodas de las demandas que el pueblo chileno está exigiendo en las calles».
La vocera de la Coordinadora No+AFP (grupo que rechaza el sistema de capitalización que manejan las administradoras privadas de fondos de jubilación), Carolina Espinoza, sostuvo que «el Gobierno le pone el acelerador a una batería de proyectos, todos contrarios a derechos y profundizando las políticas neoliberales».
Las dirigentes destacaron también que permanecerán activos los más de 300 «cabildos» abiertos en todo el país, en los que aseguraron que participaron más de 10.000 personas en 73 comunas (municipios).
Esos «cabildos» son «muy distintos de los diálogos ciudadanos que realiza el Gobierno de Sebastián Piñera, eligiendo a dedo a los participantes».
Nacieron «de la idea de que este estallido social que vive el país sólo se puede solucionar con mayor democratización», dijo la presidente de la CUT.
Mientras crece la demanda por una nueva Constitución que reemplaza la instaurada en 1980 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el oficialismo hay voces que rechazan la necesidad de reformarla.
Pero otros, como el diputado de la oficialista Union Democrática Independiente, Issa Kort, no desechan la idea, aunque defienden que la reforma se haga en el Congreso Nacional y no mediante una Asamblea Constituyente.
Esta semana la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará el debate de la modificación de Capítulo XV de la Constitución de 1980, para habilitar la participación ciudadana en un eventual proceso constituyente. (Télam)
