Vecinos y ambientalistas mendocinos comenzaron el domingo una marcha que recorre la Ruta Nacional 40 en protesta por las reformas a la Ley 7.722 aprobada por los legisladores mendocinos el viernes, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
La manifestación se inició en la localidad de San Carlos, uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza. A la marcha se irán sumando manifestantes en localidades como Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael.
Los organizadores de la marcha tienen previsto llegar el lunes por la mañana a la Casa de Gobierno para reclamarle al gobernador Rodolfo Suárez el veto a la ley. Denuncian que la reforma significa el ingreso de casi 16 proyectos que pretenden explotar y poner en riesgo el agua, la tierra, el aire, el turismo y la producción local.
Por otra parte, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El viernes senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras. La reforma dio origen durante toda la semana pasada a masivas protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales.
En tanto, el sábado cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, relacionadas con la aprobación de las modificaciones a la Ley 7.722 sobre minería, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
Al parecer, Suárez comenzó a recibir una serie de mensajes amenazantes e intimidatorios vía WhatsApp después de que se difundiera su número telefónico a través de las redes sociales, en el marco de las protestas.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas nacionales también expresaron su descontento con la modificación.
Greenpeace sostuvo que «la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia».
Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que «es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta». (Télam)
