El Senado mendocino aprobó la derogación de la ley 9209 para restablecer la vigencia de la 7722. Ahora falta el aval de Diputados para que esa norma, sancionada en 2007, vuelva a su redacción original. La votación fue amplia, pero no unánime. De los 36 senadores presentes, 34 votaron a favor y 2 en contra.
En el debate se hizo mención a las movilizaciones populares realizadas en rechazo a los cambios. Pero también hubo manifestaciones de repudio a las amenazas y otros hechos hostiles que sufrieron legisladores y hasta el propio gobernador Rodolfo Suarez. Juan Carlos Jaliff fue el que abrió el debate y quien hizo mención al tema. “Hubo amenazas para los legisladores y sus familias”, aseguró.
Lautaro Jiménez, del FIT, fue uno de los más enfáticos en rechazar el impulso de la minería y dijo que la «movilización del pueblo» fue lo que revirtió la decisión. Marcelo Romano fue otro de los que de manera locuaz defendió la 7722. «Circunstancialmente estoy en este recinto, pero siempre estuve al costado de la ruta», dijo.
Los debates que quedan
Los senadores apuntaron a la necesidad de generar políticas de Estado para cuidar el agua “ahora sin la minería” y también para ampliar la matriz productiva de Mendoza. Es decir, se abocaron a los temas que generaron la iniciativa del gobernador con el impulso de la minería.
El senador Alejandro Abraham fue uno de los que apoyó expresamente la modificación de la ley y se hizo cargo de esa postura asegurando que Mendoza es inviable económicamente. El propio Abraham dijo que recibió insultos y amenazas en su propio celular. «Me dijeron que se muera mi nieta envenenada. Cuando dijeron que es pacífico, no creo mucho», dijo. «No estamos derogando una ley, sino una posibilidad de tener trabajo, de que los empresarios se queden en nuestra provincia. De mejorar el sistema de riego. Derogamos la posibilidad de que el Estado tenga ingreso para hacerle frente a la cláusula gatillo, a los problemas de la educación, de todo», aseguró. A pesar de ello, Abraham votó a favor de la derogación.
Mientras los senadores sesionaban, en la puerta de la Legislatura se realizaba una concentración por parte de quienes piden por la vigencia de la 7722. Esa concentración se mantiene a la espera de la sanción definitiva.
El gobernador Rodolfo Suarez anunció el viernes pasado que pediría la derogación de la ley que él había propuesto y que fue aprobada por amplia mayoría. Suarez dijo resignado que «no hay licencia social» para la minería.
Si bien la mayoría de los senadores habló a favor de la derogación de la ley, hubo otras voces. La senadora Hilda Quiroga, que es de Malargüe, defendió la minería y dijo que es necesario desarrollar esa actividad. «En Malargüe sí hay licencia social. Somos capaces de hacer minería con los controles más avanzados. Pedimos solidaridad», dijo.
Pablo Priore, del Pro, votó en contra y dijo que lo hacía porque hubo coacción para votar la ley. «Es lamentable cómo estamos trabajando. Es fruto de la violencia y la intolerancia», dijo Pablo Priore. «No estoy de acuerdo en darle lugar a la violencia y a la coacción. Por eso voto en contra«, dijo Priore.
Lucas Ilardo, del PJ, dijo que fue una proceso de aprendizaje. «Pocas veces me ha tocado ser parte de una situación de crisis y ser parte de que eso termine. Sabiendo que había actuado de buena fe, sabiendo que uno puede equivocarse, pero que lo hace con honestidad», aseguró. Ilardo analizó la situación y dijo que se había actuado con honestidad.
El presidente del bloque oficialista, Alejandro Diumenjo, cerró el debate. Y volvió a mencionar las amenazas y presiones que sufrieron. «El Gobernador nos convocó a algo tan sencillo como la generación de empleo de calidad. A que los jóvenes tengan oportunidades laborales en su provincia. Siempre se habló de la legalidad y de la legitimidad. Es por esto que en la política y en la mesa con los intendentes se tomó la sabia decisión de la derogación», explicó Diumenjo (MDZ)
