El espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas.
Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.
En la AFI el sistema de “escritorio limpio” por el cual el personal no puede dejar papeles y material de trabajo a la vista hace que cada oficina cuente con cajas fuertes.
El 24 de enero, personal de la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño realizó una inspección ocular en la oficina ocupada por el entonces director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia.
Allí encontró tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20’” y “Varios”. Se trataba de planillas que contienen fotografías, datos de las actividades en redes sociales, y referencias sobre si los investigados tienen afinidades políticas, sociales y culturales, participaciones societarias.
En algunos casos hasta hay información sobre su familia y empleadas domésticas. Estos folios son parte de una denuncia presentada ayer por Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Marcelo Martínez de Giorgi.
Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. (Perfil.)
