El 31 de mayo había en Brasil 500 mil infectados por el covid-19 y, acorde a lo divulgado por el ministerio de Salud, 16.144 muertos. Pasados dieciséis días, a la una de la tarde de ayer los infectados eran 904.734 y las víctimas fatales 44.1657.
A la noche, llegó la nueva actualización realizada por el grupo de medios de comunicación que buscan datos directamente en las secretarías de Salud provinciales, para evitar la manipulación por el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro: 928.834 alcanzados por la covid-19 y 45.456 muertos, 1.338 en las últimas 24 horas.
Se trata de un fenómeno impactante: en 16 días los números prácticamente se duplicaron, en el caso de infectados, y triplicaron en el caso de las víctimas fatales. Entre las ocho de la noche del pasado lunes y la una de la tarde de ayer, fueron 13.178 nuevos infectados, lo que significa 775 a cada hora. O trece por minuto.
La velocidad y la fuerza con que la pandemia va devastando vidas frente a la inercia radical del gobierno brasileño y la floja actitud de gobernadores y alcaldes cada vez más presionados por comerciantes y empresarios, en realidad, son mucho mayores. El testeo es ínfimo en Brasil, y las subnotificaciones son evidentes. Lo más preocupante es que todo indica que sí, habrá cambios y novedades, siempre para peor.
Médicos, investigadores y científicos reiteran sus advertencias, cada vez más alarmados, sobre los peligros de la flexibilización adoptada en las provincias en que la pandemia permanece en curva ascendente. Cuánto más elevados sus alertas, menos oídos son.
En Rio, por ejemplo, el alcalde Marcelo Crivella impuso serias restricciones y una agenda específica para que comercios, centros comerciales, bares y restaurantes volviesen a abrir. Faltó un detalle: accionar un esquema de fiscalización eficaz.
Resultado: multitudes aglomerándose principalmente en zonas de comercio popular, con mucha gente sin usar la mascarilla exigida por un decreto municipal. Crivella prometió aumentar «firmemente» la fiscalización en tales regiones, como si fuera posible aumentar algo casi inexistente.
El plan anunciado por la alcaldía preveía la «flexibilización» gradual, en etapas de quince días de duración. El feriado de Corpus Christi del pasado jueves dejó claro que el plan fue vigorosamente atropellado: bares y restaurantes abrieron sus puertas, muchas veces ignorando solemnemente las medidas de restricción. Frente a semejante cuadro, que se repite con mayor o menos intensidad en otras capitales y ciudades muy pobladas, la reacción tanto del ministro interino de Salud, el general Eduardo Pazuello, como del mismo presidente Bolsonaro es idéntica: puro silencio.
El mandatario ultraderechista, a propósito, tiene bastante con qué preocuparse (la pandemia, por cierto, no lo preocupa excepto en un único aspecto: seguir exigiendo la vuelta a «la normalidad»). A juzgar por sus reacciones la principal preocupación del presidente ultraderechista es el cerco judicial a sus apoyadores, que se estrecha cada vez más, amenazando en diversas investigaciones a su trío de hijos rabiosos que actúan en la política.
Las presiones de integrantes del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, sobre participantes de manifestaciones claramente anti-democráticas – muchas de las cuales contaron con la presencia de Bolsonaro – se intensificaron duramente en los últimos días. El sábado, un grupo de fanáticos seguidores disparó fuegos de artificio contra la sede del Supremo Tribunal Federal.
Este maetes, fueron realizados allanamientos en residencias y oficinas de varios de los que esparcen noticias falsas por las redes sociales, además de empresarios sospechosos de financiarlos y también a actos en respaldo del ultraderechista. Para dejar claro que la idea es avanzar hasta el fondo con las investigaciones, Alexandre de Moraes, integrante de la corte suprema, ordenó que se allanaran también residencias y despachos de diez diputados y un senador bolsonaristas, además de romper su secreto bancario, con el mismo objetivo de saber si financian campamentos y marchas en que se pide intervención militar, además del cierre del Congreso y del Supremo.
Amparado por los militares incrustados en su gobierno, Bolsonaro desconoce límites. Llegó a decir, a los gritos, que «órdenes absurdas no se cumplen», refiriéndose a medidas determinadas por jueces de la corte máxima. Además, dijo que es «inadmisible» que el Tribunal Superior Electoral analice si en su campaña recibió donaciones ilegales (hay indicios más que claros de que lo hizo), tal como se está haciendo.
Con actitudes como esa, lo que busca Bolsonaro es espacio para imponerse con poderes absolutos, evalúan analistas dentro y fuera de Brasil. Queda por saber hasta qué punto logrará estirar la soga mientras insinúa avanzar hasta con una ruptura con el Congreso y al Supremo. (Pagina 12)
