El Gobierno bonaerense convocó a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires a colaborar con la confección del proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia que trabaja el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
Según precisaron desde Gobernación, el funcionario invitó a los 135 municipios «a participar de los 7 equipos técnicos, que desde el 2 de noviembre se reúnen en forma virtual».
En ese sentido, la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, destacó que desde entonces “se han realizado 63 reuniones virtuales y más de 96 horas de trabajo con la finalidad de redactar un anteproyecto de ley consensuado, basado en el diálogo y trabajo colaborativo”.
Ramos explicó que “se trata de establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública y trasparencia en cumplimiento de los tratados Internacionales para subsanar un vacío normativo que supera los 21 años”.
Hasta ahora se sumaron Alberti, Benito Juárez, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Escobar, Esteban Echeverría, General Belgrano, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Plata, La Matanza, Lincoln, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Mar Chiquita, Mercedes, Morón, Olavarría, Presidente Perón, Puán, Quilmes, Saavedra, Pigüé, San Miguel del Monte, Tigre y Tornquist.
“Los equipos técnicos, integrado por los tres poderes del Estado, universidades públicas, organismos de la Constitución, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes realizan una tarea intensa y comprometida para lograr una norma de avanzada”, sostuvo el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Santiago Ávila.
Dentro de estos equipos técnicos coordinados por el Ministerio de Justicia se encuentran las universidades nacionales de Lomas de Zamora; José C. Paz; Mar Del Plata; del Noroeste; La Matanza; Universidad Nacional de San Antonio de Areco; Tres de Febrero, y del Sudoeste.
Por el sector civil, participan el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; la Asociación por la Igualdad y la Justicia; las fundaciones Poder Ciudadano y Directorio Legislativo y los centros de Estudios para la Gobernanza e Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
En tanto, por el Estado nacional, están la Oficina Anticorrupción, y por la provincia, la Fiscalía de Estado; la Defensoría del Pueblo; la Contaduría General; el Tribunal de Cuentas; representantes del Poder legislativo; la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Gobierno; de Justicia; de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
