El presidente Alberto Fernández anunció que impulsará la apertura de una «querella criminal» destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que enumeró diversas iniciativas para mejorar el servicio de la administración de justicia.
Al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias con un mensaje ante la Asamblea Legislativa, Fernández sostuvo que instruyó «para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», en alusión a la toma de deuda entre 2015 y 2019.
Por otra parte, mencionó que «se logró la renegociación de la tóxica deuda privada» y que no quiere «apurarse» para cerrar un acuerdo con el FMI, ya que quienes se apuran son «los pícaros de siempre» y pidió que los responsables del endeudamiento «reconozcan sus errores».
Alberto Fernández aseguró que el Gobierno no tiene apuro por alcanzar un trato con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de preocupaciones de que no se logre un acuerdo antes de mayo, como se esperaba inicialmente.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene previsto viajar a Washington a mediados de marzo para continuar con las negociaciones con el organismo para firmar un programa de facilidades extendidas que reemplace al acuerdo firmado en 2018 por el Gobierno anterior por 56.000 millones de dólares, de los que el FMI ya desembolsó 44.000 millones de dólares.
En medio de la prolongada y profunda crisis económica que sufre el país, Argentina reestructuró una deuda de casi 110.000 millones de dólares con bonistas privados el año pasado.
Aunque el Gobierno apostó inicialmente a cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo, parece haber cambiado de idea seis meses antes de las elecciones de medio término.
«Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que siempre hemos demostrado, no queremos apresurarnos», señaló el presidente de centroizquierda en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
«Nuestro Gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo», dijo Fernández en el Parlamento argentino, y agregó que impulsará una investigación judicial sobre el amplio endeudamiento en que cayó el país con el FMI durante la gestión anterior.
El mandatario señaló, por otro lado, que impulsará la desdolarización y el reordenamiento de las tarifas de servicios públicos, aunque no dio detalles.
Si bien el ajuste de las tarifas de servicios ayudaría a reducir el déficit fiscal a través de menores subsidios estatales, muchos sostienen que podría generar una mayor tasa de inflación y aumentar aún más los niveles de pobreza, que actualmente afecta a cerca de la mitad de la población.
También anunció que enviará un proyecto de ley para el «establecimiento del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal», cumpliendo de esa forma con «una cláusula de 1853 que nunca se hizo operativa».
Asimismo, el jefe de Estado informó que remitirá proyectos para establecer el «funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema», además de proponer la creación de un Tribunal de Garantías en materia de arbitrariedad que permita circunscribir la «exacta competencia del máximo tribunal».
En materia judicial, también anticipó que promoverá un proyecto que «reformula» el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para «despolitizar ese ámbito».
Asimismo, el Presidente dijo hoy que consultará con los gobernadores para promover la creación de un tribunal federal de garantías con competencia «en cuestiones de arbitrariedad» y que, de esa manera, «la Corte Suprema podría circunscribir su competencia a lo que la Constitución expresamente le ha dado».
Además, anunció el envío de un proyecto de ley para «desdolarizar» las tarifas de los servicios públicos y «adecuarlas a una economía con ingresos en pesos», y pidió al Congreso «apurar» el tratamiento del proyecto de reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio.
En otro tramo de su discurso, de una hora y 50 minutos, el mandatario pidió a la oposición realizar un «análisis introspectivo», tras reconocer que su Gobierno no es «infalible».
No obstante, advirtió a quienes lo «bombardean sistemáticamente» que «no van a lograr sus objetivos» y pidió una «reflexión colectiva» a las «fuerzas políticas y a la sociedad» en «circunstancias tan excepcionales» por la pandemia.
«Terminemos con la pirotecnia verbal que sólo nos aturde», dijo el jefe de Estado, tras asegurar que no llegó a la Presidencia «dejarse aturdir por sectores concentrados».
Fernández comunicó también que promoverá un proyecto de utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial y que el Estado impulsará una «mejora para fortalecer las compras nacionales de medicamentos».
Además, ratificó el compromiso de Argentina con el Acuerdo de París y anunció que enviará al Congreso seis proyectos «estratégicos» que conforman una «convocatoria a la unidad nacional» para conformar los «pilares de un gran proyecto de desarrollo».
También anticipó que impulsará una «ampliación de la distribución de netbooks, un ambicioso programa de formación docente que permitirá mejorar las competencias digitales» y realizará «una convocatoria para debatir una nueva ley de Educación Superior». (Ambito)
