En su discurso frente al Congreso el presidente Alberto Fernández anunció que enviará a la Cámara baja una ley de emergencia para los servicios públicos regulados con el objetivo de “desdolarizar definitivamente” las tarifas de gas y electricidad y adecuarlas a una economía con “ingresos en pesos”.
Según el anuncio, la conformación de un nuevo cuadro tarifario –luego de casi dos años de precios congelados– va a demandar varios meses. El Presidente señaló que el objetivo es que a partir del próximo año las tarifas de los servicios públicos estén vinculadas al ingreso de la población. De todos modos, no precisó si seguirán congeladas durante este año.
Fuentes del sector advirtieron que los anuncios son totalmente contradictorios: el reciente lanzamiento del Plan Gas, con garantías dolarizadas, choca con el intento de “desdolarizar” las tarifas. Según aseguraron, implica mayores subsidios y un riesgo cambiario que debe absorber el Estado.
A lo largo de su presentación, el Presidente criticó los aumentos de los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri. “Entre 2016 y 2019, el aumento de las tarifas de luz y gas se convirtió en un verdadero martirio para los argentinos. Las empresas productoras, transportadores y distribuidoras se llenaron los bolsillos de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para mejorar la calidad de los servicios”, señaló Fernández.
Y detalló que si se sigue en marcha con el sistema de revisión integral vigente –del gobierno anterior– el gas debería haber aumentado 80% en octubre y debería aumentar 130% en abril. Por su parte, la electricidad debería aumentar 168% en abril próximo.
“Me comprometí a poner fin a este despropósito. Desde el día que llegué, ordené el congelamiento de las tarifas y ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo. Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es tener tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. Que los subsidios del Estado, solo amparen a los que lo requieran», dijo.
“Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles; permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar los servicios públicos de luz y de gas ha llegado a su fin”, concluyó.
El Gobierno convocó recientemente a las dos primeras audiencias para la discusión de las tarifas de gas. El 15 de marzo se discutirá el precio del gas (que reciben las empresas productoras). Y el 16 de marzo la “adecuación transitoria” de las tarifas de los servicios de transporte y distribución.
Las audiencias –que son abiertas y participativas– son un paso previo y obligatorio que se debe concretar antes de cualquier suba de tarifas de servicios públicos, aunque sus resultados no son vinculantes y solo funcionan como un ámbito informativo y de consulta. En este caso, serán las dos primeras audiencias que se realizarán durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que las tarifas permanecen congeladas desde marzo y abril de 2019.
Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales). En la audiencia del 15 de marzo, el tema será el componente del precio del gas y qué parte de ese costo será asumida por el Estado, es decir, cuál será el nivel de subsidio de las futuras tarifas. En tanto, el 16 de abril se discutirán los costos de transporte y distribución. La audiencia fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas.
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