La comisión de Legislación General del Senado bonaerense cerró esta semana el periodo de sesiones ordinarias con el proyecto de autoría del legislador Francisco “Paco” Durañona que introduce cambios a la ley de martilleros y corredores públicos (N°10.973) en el deber.

Se trata de un proyecto para llevarle alivio económico a los más de tres millones y medio de inquilinos que habitan en la provincia de Buenos Aires que no encontró consenso en la oposición pese a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo viene implementando hace cinco años.

La iniciativa, que comenzó a ser debatida en julio con referentes de la Federación de Inquilinos Nacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Defensoría del Pueblo y del Poder Ejecutivo, establece que las comisiones inmobiliarias, honorarios, y otros gastos asociados al alquiler de un inmueble, como informes, certificaciones y seguros de caución, queden por completo a cargo de los propietarios.

el senador Durañona advirtió que “los datos del Ministerio de Desarrollo Social demuestran el impacto negativo que tiene el cobro de comisiones, impuestos que no corresponden y gastos por fuera de lo que es el precio del alquiler, para que los inquilinos puedan acceder a una vivienda”.

“Vimos números muy alarmantes respecto a los niveles de endeudamiento masivo de inquilinos para poder acceder justamente al alquiler, por todo lo que se le exige de entrada. Un gran porcentaje de los inquilinos son mujeres. O sea que acá hay una problemática de género, que debe llamarnos a la reflexión”, analizó el referente del Movimiento Arraigo.

De acuerdo al proyecto para que los inquilinos no paguen las comisiones, quienes celebren un contrato sólo tendrían que afrontar el mes de depósito y el primer mes de alquiler, reduciendo notablemente las erogaciones de dinero en un contexto de crisis económica. “No entiendo cuál podría llegar a ser la cuestión que limite este avance, salvo algunos intereses”, cuestionó Durañona.

“A quién no le va a interesar regular este pequeño aporte que le flexibiliza la cantidad de recursos que tiene que poner un inquilino a la hora de ingresar, entendiendo que el precio de intermediación se incorpora al valor del alquiler, pero se paga en cuotas, en vez de exigirlo de entrada”, reiteró el legislador del Frente de Todos.

Pese a la negativa de los senadores de Juntos, Durañona afirmó que “vamos a insistir mucho en sacar esta ley para los inquilinos”. “Acá hay sectores de la oposición que están planteando un debate profundo de la autonomía municipal. Esto está íntimamente vinculado, con la defensa de los inquilinos es una defensa de usuarios y consumidores que está prevista en la constitución nacional”, concluyó.

Fuerte respaldo al proyecto para los inquilinos

Durante el debate en la comisión de Legislación General, los oradores ensayaron una defensa cerrada al proyecto de Durañona. “Alquilar en la provincia de Buenos Aires es la lay de la selva, no hay ningún tipo de regulación y control. Se naturalizaron diferentes situaciones injustas que terminamos pagando los inquilinos. Si se aprueba esta ley se bajarían considerablemente los gastos”, opinó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.

El referente de los inquilinos además enumeró antes los senadores del Frente de Todos y de Juntos que participaban de la sesión de Legislación General las diferentes erogaciones que afrontan los locatarios a la hora de alquilar una propiedad. De acuerdo a los cálculos de Muñoz para arrendar un inmueble de unos $42.000 mensuales, un inquilino debe desembolsar unos $217.000 entre comisiones inmobiliarias, honorarios y otros gastos asociados, mientras que con la propuesta de Durañona pagarían apenas $80.000.

A su turno, la referente Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguels, respaldó con datos varias de las afirmaciones del titular de Inquilinos Agrupados y puso en contexto la importancia del proyecto que busca liberar a los locatarios de las costosas cargas de las comisiones inmobiliarias.

“En la provincia de Buenos Aires el 18% de la población accede a la vivienda a través de alquileres, lo que quiere decir que todas esas familias necesitan un volumen de ingresos suficiente para pagar los gastos para ingresar a la vivienda. Estudios propios dan cuenta que más del 40% de los hogares inquilinos no está seguro contar con la plata necesaria para el alquiler”, argumentó Miguels.

Por su parte, el referente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Jerónimo Guerrero Iraola, remarcó que “siempre hay una de las partes de la relación locativa que se encuentra en una posición desventajosa, que son los inquilinos quienes necesitan resolver un aspecto central de su vida que es donde vivir”.

“Hay muchas situaciones de irregularidad en los contratos de alquiler. No es lo mismo tener una norma que no tenerla. Contar con una norma como está va a ser central, las principales consultas que nos llegan es cuánto sale acceder a un alquiler… Vemos honorarios que llegan al 5, 6, 7, 8 o 9%. Apoyamos el proyecto y bregamos por un debate serio“, afirmó Guerrero Iraola.

En tanto, la posición del Gobierno bonaerense la llevó el coordinador de Alquileres de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Federico Kulekdjian.“Este proyecto viene a mejorar la situación de acceso a la vivienda, casi un 20% de los hogares accede su casa mediante alquiler. Los hogares unipersonales tiene un ingreso promedio de 65 mil pesos, uno de dos integrantes cerca de 95 mil y los hogares de tres a cuatro personas superan los 104 mil”, dijo.

“Muchas familias se endeudan pasa cerrar un alquiler, los gastos representan tres o cuatro veces los gastos locativos. En este escenario se relegan otros gastos de la familia para poder pagar el alquiler. La no regulación del mercado afecta al acceso a la vivienda“, sentenció.

Las claves del proyecto para los inquilinos

Como es sabido, en territorio bonaerense el pago de la comisión que se lleva la inmobiliaria por mediar entre las partes tiene un valor del 4% sobre el total de los tres años de alquiler. Según la ley de honorarios al locatario le corresponde el 2% y al locador el otro 2% restante, aunque en la práctica el monto siempre fue afrontado por el inquilino.

En contrapartida, el proyecto del senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, que no logró el presente periodo pasar el filtro de la comisión de Legislación General del Senado bonaerense, pretende actualizar la ley de honorarios, y obligar al dueño de la propiedad apagar los honorarios de los corredores inmobiliarios.

“Los precios de los alquileres es una de las cuestiones que más urgen y la verdad no ha habido respuesta. Es un aporte a una problemática que tiene que ver con reducir los costos, establecer un tope del 4% a las comisiones y que lo asuman los propietarios que son los que hacen los negocios”, sintetizó Durañona. (Diputados Provinciales)