
El 15 de diciembre de 2020 los vecinos de Puan despertaron con un panorama distinto al habitual. Una gran cantidad de patrulleros y efectivos policiales participaron de una serie de 21 allanamientos vinculados a una causa por presunta venta de drogas.
En medio de la lógica conmoción que provocó semejante despliegue, los procedimientos finalizaron con el arresto de 14 jóvenes.
Esta situación provocó la indignación de familiares y allegados a los acusados, quienes se expresaron en varias marchas reclamando su liberación.
Por el caso también fue detenido, en Bahía Blanca, Lucio Testa, quien se desempeñaba como agente de la Policía Local.
La Justicia de Garantías elevó la causa a juicio y, según trascendió, sobre fines de este año podría llevarse adelante el debate.
La audiencia estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Eduardo d’Empaire y Julián Saldías.
En las últimas horas se realizó la audiencia preliminar, durante la cual establecieron los detalles del juicio, que se extendería a lo largo de una semana.
En este sentido, trascendió que necesariamente deberá utilizarse la sala del quinto piso del Palacio de Justicia, teniendo en cuenta la cantidad de imputados y abogados (12 defensores y el fiscal).
El Ministerio Público Fiscal realizó propuestas de juicios abreviados para los procesados, con penas de entre 4 y 6 años de prisión, pero aún no fueron aceptadas por ninguno de ellos.
Situación
Los 15 imputados permanecen detenidos, aunque 5 de ellos fueron beneficiados con arrestos domiciliarios.
Voceros judiciales indicaron que Diego Schnaider, Diego Krieger, Mauro, Marcos y Juan Francisco Distel, Alexis Neumann, Rubén Ignacio Parodi, Uriel García y Augusto Amigo se encuentran alojados en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.
En tanto, Lucio Testa fue conducido a la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra.
Por su parte, Gonzalo Gómez, Nicolás Lupín, Fausto Rodrigo Alonso, Lautaro Van Schaik y Ludmila Paz Madrid, recibieron oportunamente la morigeración de la prisión preventiva.
En junio del año pasado la Sala I de la Cámara Penal confirmó la prisión preventiva de la mayor parte de los procesados.
La medida había sido solicitada por el fiscal Mauricio Del Cero, quien llevó adelante la investigación.
En la resolución, los jueces Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, consideraron que de los mensajes que los acusados intercambiaron entre ellos se advierte la tenencia de estupefacientes «no solo para su consumo, sino para distribuirlos y revenderlos».
Información aportada a la fiscalía
Dato. La causa comenzó a ser investigada por el Ministerio Público Fiscal en agosto de 2018, cuando un efectivo de la Policía Bonaerense manifestó haber tomado conocimiento que varias personas estarían vendiendo marihuana y cocaína en Puan.
Investigación. Sobre la base de la información colectada y al detectarse varias presentaciones sobre el mismo tema (provenientes de denunciantes anónimos), mediante vigilancia encubierta se registraron, en video, distintas maniobras en los domicilios de los sospechosos compatibles con la venta y tráfico de drogas.
Procedimientos. En agosto de 2019, según indicó la fiscalía, se habían realizado tres allanamientos en Puan, donde se incautaron celulares que brindaron elementos para continuar investigando y derivaron en los procedimientos principales, que tuvieron lugar a fines de 2020.
Rechazo. Familiares de los imputados, en varias oportunidades, sostuvieron públicamente que las detenciones resultaban arbitrarias y que se trataba de «una causa armada». (La Nueva)
