Continúa la polémica tras la adhesión por unanimidad, mediante un Proyecto de Resolución, del Concejo Deliberante de Adolfo Alsina al proyecto de Ley del Diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri para modificar la ley 26.206 de Educación Nacional “prohibiendo el adoctrinamiento político partidario en el ámbito educativo.
Luego de que este viernes la Concejal del Frente de Todos Dolores Casas, que no estuvo presente en la Sesión por razones de salud, hizo su descargo y apuntó contra el autor del Proyecto de Resolución, Jorge Apud y contra el resto de los ediles sin distinción partidaria, el sábado se sumaron distintas organizaciones del distrito, en repudio a la votación.
Este fin de semana organizaciones sociales y gremiales de Adolfo Alsina levantaron la voz en un comunicado en el cual repudian la votación del Concejo Deliberante sobre «adoctrinamiento» en las escuelas.
El Comunicado, que lleva la firma de las organizaciones de trabajadores/as y de la sociedad civil de SUTEBA – FESIMUBO – COMISIÓN DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE ADOLFO ALSINA – COLECTIVO PROFESIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE ADOLFO ALSINA – BARRIOS DE PIE y COLECTIVO FEMINISTA DE ADOLFO ALSINA señala:
«Queremos expresar nuestro rechazo y repudio a la adhesión del Concejo Deliberante local a un proyecto de ley que pretende “prohibir el adoctrinamiento político partidario en el ámbito educativo”.
«En principio, desmentimos categóricamente que dicho “adoctrinamiento” suceda en nuestras escuelas. Reconocemos el cuidado y la responsabilidad con la que sus docentes abordan contenidos socialmente relevantes y sensibles, promoviendo el intercambio respetuoso de diferentes puntos de vista. Es difícil encontrar otros ámbitos de nuestra sociedad donde esta tarea se realice con tanta responsabilidad pedagógica, de forma masiva y sistemática».
«Consideramos irresponsable sostener una acusación tan grave sobre la base de rumores y situaciones excepcionales. Alertamos que con este tipo de medidas se busca censurar la libertad de expresión de la docencia mediante amenaza de despido, provocando un clima de recelo e intolerancia al interior de las escuelas, muy alejado de la “democracia” y “pluralidad de pensamientos” que sus promotores dicen defender. El proyecto, aprobado sobre tablas tras un brevísimo tratamiento, no ofrece definiciones claras sobre las prácticas que pretende regular, ni aporta fundamentos con la rigurosidad académica que tal cuestión merece».
«Creemos saludables los debates pedagógicos respecto a la pertinencia y el modo de tratar en el aula temáticas de actualidad; sobre la conveniencia de que los/as docentes compartan con los/as estudiantes sus maneras de comprender el tema estudiado; pero de ningún modo resulta admisible calificar prácticas de ese tipo como “adoctrinamiento”. Recordamos que la legislación vigente (Estatuto Docente y Ley de Educación Nacional) ya contempla y da respuestas a las “inquietudes” que motivan este proyecto. También que los mecanismos para reformar las normas educativas no pueden realizarse a espalda de las comunidades escolares», afirman.
El comunicado agrega que «Es además oportuno recordar que en la historia de nuestro país muchos/as docentes han sido perseguidos y hasta asesinados por su compromiso con prácticas educativas que buscaban transformar las injusticias sociales y no simplemente adaptarse a ellas».
«Por otra parte, es derecho incuestionable que los/as estudiantes puedan acceder a conocimientos diferentes a los que ya les ofrece su familia, pues es esto lo que les dará más posibilidades de tomar decisiones propias. Ejemplo empírico del ejercicio de dicho derecho son los Centros de Estudiantes a través de los cuales los/as alumnos/as aprenden y vivencian las prácticas democráticas más valiosas, que implican el compromiso en pos del bienestar de otros/as. Suponer que censurando la información a la que acceden se los protege es una forma de menosprecio que además atenta contra sus derechos y libertades».
«Nuestro compromiso con la Memoria y los Derechos Humanos nos exige señalar a tiempo las ideas que, de implementarse, perjudicarían nuestra convivencia democrática. Reprobamos por tanto la intención de mostrarse “preocupados” por la situación del sistema educativo mediante propuestas que no responden a su realidad ni realizan aporte alguno para mejorarla. Exhortamos a los/as concejales a rever su postura considerando los argumentos aquí expuestos; o en su defecto reclamamos al intendente que vete esta medida, tan agraviante como innecesaria», concluye.
