Este lunes inicia el décimo juicio de lesa humanidad en Corrientes por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, con un extenso proceso contra diez represores por 104 casos de privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, en los que se condensan secuestros, alojamientos en centros clandestinos y torturas. Se juzgan además ocho casos de personas que aún permanecen desaparecidas, dos homicidios y dos hechos de niños privados de libertad con sus madres, uno de ellos nacido en cautiverio.
La causa es la más voluminosa, hasta el momento, de los procesos por lesa humanidad que se llevaron adelante en Corrientes y está entre los más relevantes de los 320 que se realizaron en Argentina hasta abril de este año. Busca no sólo condenar a culpables de la represión, si no también comprender, con la certidumbre de la verdad jurídica, parte de la organización militar y territorial del aparato represivo del Estado en el norte argentino.
La fiscalía federal pretende esclarecer cuáles fueron las directivas secretas del gobierno de facto para la división territorial del país. Se entiende, a través de la instrucción, que el país estaba dividido en cuatro zonas y éstas, a su vez, en sub-zonas. En este juicio, se apunta contra los responsables de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
María Isabel Sanauria, secretaria general del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9, explicó que la causa “va a poner al descubierto que una de las herramientas que usó la dictadura fue la cuadriculación territorial” para operativizar el plan represivo. “La dictadura no podía tener un control de todo lo que era territorialmente Argentina, entonces hacen cabeza a determinadas jurisdicciones para que adapten el plan, pero también para que determinen el blanco. El que está acá es quién dice: vamos a detener a los estudiantes, vamos a detener a los sindicalistas. Es lo que hace el trabajo de inteligencia de la zona. Entonces, era darle la forma a ese plan que venía desde allá arriba”, indicó.
Para explorar mejor el mapa de centros clandestinos de detención, en este link.
La instrucción entiende en este caso que la Brigada de Infantería VII, al igual que otras en otros espacios territoriales, contaba con libertad de acción para detectar discrecionalmente a cualquiera que diera sospecha de injerencia o relación con personas consideradas “enemigas” y proceder a capturarlas y alojarlas en centros de detención clandestinos; y mediante la aplicación de torturas, golpes y vejaciones obtener información sobre actividades propias y ajenas.
Este litigio busca determinar la clave de la sistematicidad y metodología del aparato represivo llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales y federales, organizadas bajo la órbita de la Brigada de Infantería VII. A partir de las 104 imputaciones mencionadas, y con el trabajo de casi una década, el proceso es una continuidad y ampliación de la causa conocida como RI9 (Regimiento de Infantería IX) que fue el primer de lesa humanidad en el interior del país y punto de partida para a armar el mapa represivo no sólo de Corrientes si no también de la región.
Si bien los casos a juzgar serán sólo los ocurridos en la provincia, por una cuestión jurisdiccional, se espera que el juicio abra el panorama para las otras provincias del NEA.
Puntos de contacto
Con asombrosa precisión, un día antes del inicio de un nuevo proceso, se cumplen quince años de la primera sentencia contra represores en el interior del país. En la misma sala del Tribunal Oral Federal de Corrientes, en la que se condenó a represores y se estableció que el ex Regimiento de Infantería N°9 funcionó como un centro clandestino de detención, comenzará el décimo juicio.
Aquella primera sentencia estuvo atravesada por una polémica nacional. No por su contenido, que llegaría a ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia, si no por una imagen que se repetía una y otra vez en los medios de comunicación de toda Argentina: una exaltada Cecilia Pando gritando y amenazando con el remedo de un corte en el cuello a familiares y víctimas de la dictadura.
Para entonces, Pando se había convertido en una voz mediática que defendía a los represores y buscaba el restablecimiento la teoría de los dos demonios. Su performance en Corrientes, no fue gratuita ya que fue denunciada por amenazas aquí y allá.
Esa sentencia, pese al ruido de fondo, cambió una percepción instalada en Corrientes durante varias décadas: se logró desarmar la creencia de que el terrorismo de Estado no había operado con la misma intensidad en la provincia que en otros territorios. Desde entonces, se realizaron nueve juicios contra represores en distintos puntos de la ciudad de Corrientes y de la provincia. Se probó la sistematicidad del plan y la participación del Ejército y de las fuerzas de seguridad federales y provinciales; se enjuició por crímenes contra integrantes de las Ligas Agrarias, se condenó a los autores de diversos asesinatos en Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Corrientes y Goya, entre otros, y se determinó la existencia de, al menos, 21 centros clandestinos de detención en la provincia.
Llegar al proceso que empieza este lunes no fue sencillo. “Se recolectó una enorme cantidad de pruebas, porque los que estaban en la Brigada no era gente que estuviera a la luz del día y de manera reconocible. Hubo que contrastar documentos e información, investigar para poder entender cómo trabajó el aparato de represión entre las provincias. Eso llevó como dos o tres años de investigación primero. Se recolectaron elementos que ya estaban en causas anteriores, más esta investigación y se presentó el caso en el 2014. Después tuvo un tiempo bastante laxo, que también se vio afectado por la pandemia”, indicó Sanauria y agregó que, con la ratificación de la sentencia en la Corte Suprema del RI9, comenzó la instrucción para el nuevo juicio reuniendo más información y con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como principal querellante.
Los imputados
Inicialmente se juzgaría a 21 personas que formaban parte de la Brigada de Infantería VII, sin embargo, sólo se sentarán en el banquillo 10 imputados, debido a que algunos fueron apartados de la causa y otros fallecieron. Serán juzgados entonces: el jefe de la División II-Inteligencia, de la que dependía la Brigada VII, José Emilio Mechulán; el general Eduardo Antonio Cardoso, auxiliar de la División II Inteligencia e Interventor de la policía de la provincia; y Alfredo Carlos Farmache, auxiliar de la División I- Personal. También están acusados integrantes del Centro de Detención Clandestino del RI9 el coronel Abelardo de la Vega; el capitán Juan Carlos De Marchi, oficial de Inteligencia que ya fue condenado previamente; Raúl Horacio Harsich, también oficial de Inteligencia; y el coronel Horacio Losito, condenado en el primer juicio. Completan la nómina, integrantes de Gendarmería Nacional bajo control del Ejército que fueron indicados como integrantes de los grupos operativos: el comandante Raúl Alfredo Reynoso, el comandante Abelardo Palma y el sargento Pedro Alarcón.
No llegaron a ser juzgados y “fueron beneficiados por la impunidad biológica”, según indican las organizaciones de Derechos Humanos, el coronel Cirys Dalmys Marcelo Feu; el ministro de Justicia, Eduardo Ernesto Gómez; el coronel Juan Carlos Ibarrola; el teniente Aldo Sergio Solís Nefa y el coronel Roberto Romero Bin. Lo mismo ocurrió con efectivos de la policía provincial: el comisario Jorge Levatti; el comisario Oscar Maidana y el oficial Oscar Guastavino.
El listado evidencia que diversos grupos de las fuerzas de seguridad, además de las fuerzas armadas, operaron de forma coordinada bajo el mando operacional de la Brigada VII.
Al respecto, Milagros Llarens, del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (UNNE CONICET), viene investigando sobre los centros clandestinos de la provincia e indicó en diálogo con elDiarioAR que el primer juicio logró sacar a la luz cuáles eran los centros clandestinos de detención, además del RI9: “A partir de esos testimonios se pueden identificar los puntos que se utilizaban como sitio de detención, estadía o alojamiento. La justicia determina que no solamente era el RI9, sino el Escuadrón 48, la brigada, etcétera”. Toda esta información constituyó el punto de partida para el juicio actual. “El primer juicio tenía la misma idea de juzgamiento que a nivel nacional. Juzgaban a las cabezas, que debían saber lo que estaba sucediendo más abajo. Este segundo juicio involucra más víctimas, aumenta la magnitud de esa matriz sistemática represiva, y además lo que logra es ir por otros cargos, por los jefes, por ejemplo, de la Brigada. El jefe tuvo que haber una directiva y esa directiva la tuvo que cumplir alguien. Esa persona que ejecutó esa directiva también es responsable. Esa es la nueva premisa con la que parte este nuevo juicio”, concluyó.
La imputación
El Tribunal Oral Federal de Corrientes estará integrado por el juez Fermín Amado Ceroleni y como subrogantes los jueces Juan Manuel Iglesias, de Chaco y Eduardo Belforte, de Formosa. Por la acusación intervendrán en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal Flavio Adrián Ferrini y el fiscal federal auxiliar Diego Jesús Vigay con la apoyatura de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, también actuará como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
De los 104 hechos que serán juzgados, se pueden indicar que la mayoría son por privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, pero también se juzgan ocho casos de personas que aún revisten el carácter de desaparecidos, dos homicidios y la privación de la libertad de dos niños que permanecieron con sus madres, uno nacido en cautiverio y una que fue llevada con su madre detenida con diez días de vida.
Será juzgado el asesinato del afiliado peronista Modesto Pucheta, un hombre de 56 años que fue secuestrado de 20 de noviembre de 1976. Padre de un militante montonero que se fugó de la Central de Policía de Corrientes, Modesto fue detenido junto a su familia y asesinado en la Jefatura de Policía. Se cree que fue torturado y supuestamente se suicida arrojándose del primer piso, Sin embargo, luego se comprueba que fue asesinado por agentes de la Brigada.
El juicio es también una oportunidad para volver a reclamar por el paradero de los ocho desaparecidos. “Quienes van a estar sentados el día lunes, al menos tres de ellos, saben perfectamente dónde están los compañeros y compañeras desaparecidos”, dijo Sanauria.
Se espera que el juicio dure hasta octubre. A partir de este lunes, habrá dos audiencias por semana durante los próximos tres meses, en las que desfilarán 30 testigos. Los imputados escucharán desde distintos puntos del país; tres lo harán desde la Casación Penal en Comodoro Py, uno lo hará desde una sala del Juzgado Federal de Orán, Salta, y otro desde Mendoza. Demarchi será el único imputado que este lunes vuelva al TOF de Corrientes, como hace 15 años. Las expectativas de la querella es que se pueda dictar una sentencia antes de fin de año. (El Diario AR)
