El fallo de la Corte fue con el voto de sus cuatros integrantes Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
En 2018, Cabak y los otros seis imputados fueron al banquillo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió para el jefe comunal de Macachín, una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber sido, partícipe necesario del delito de trata de personas porque permitió el funcionamiento de un prostíbulo, según la acusación. También pidió esa pena para el entonces comisario Hugo Iglesias.
El cabaret La Chicho Show funcionó a las afueras de Macachín, aunque en el ejido urbano. Estaba en un terreno donde había una docena de casas además del prostíbulo. Tenía una barra mostrador y cuatro habitaciones donde se hacían los «pases». En ese lugar, en 2017 se realizó una excavación en búsqueda de posibles restos de Marita Verón, la joven tucumana que cayó en manos de una red de trata y permanece desaparecida.
Los acusados eran personas vinculadas al poder político. El dueño del prostíbulo, Luis Daniel de Luca. El fiscal Gomez Barbella pidió había reclamado que fuera condenado a 7 años. También había solicitado 7 años a otro de los dueños, Esmundo «Dito» Blas, exconcejal de Macachín. Para los otros acusados, se pidieron 5 años de prisión a Leandro Otero -transportista de Macachín-, Maximiliano De Luca -hijo de Luis Daniel- y a Oscar Moya -remisero de la localidad-.
Los jueces Pablo Díaz Lacava, Marcos Aguerrido y José Mario Triputti anularon la causa y los sobreseyeron. El argumento fue la pérdida de pruebas clave: las escuchas de una investigación policial que se encontraban en 36 casetes. Allí se refeljaban los vínculos de Cabak con los dueños del cabaret.
Los jueces -en un rigor judicial- declararon ilegal el pedido de allanamiento del cabaret donde presuntamente ocurría la trata y la explotación sexual de mujeres.
El tribunal entendió que los allanamientos al local y otras casas fueron consecuencia directa de una denuncia inválida por haber quedado en el anonimato la identidad del denunciante.
Además, consideró que el proceder policial fue irregular, al no reservar formalmente la identidad del denunciante y presenciar una comunicación telefónica ilegal, lo que implicó una degradación de la información aportada que conspiró contra la credibilidad que mínimamente debe presentar toda denuncia.
La Fiscalía apeló. Pero en 2019, la Sala 3 de la Cámara Federal, con la firma de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, anuló la sentencia del TOF pampeano y ordenó un nuevo juico y con nuevo tribunal.
Las abogadas Magalí Tarditi y Mirta Brown -representando a los acusados- apelaron la resolución de la Cámara Federal. Y ahora, en las últimas horas, la Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó ese recurso y así se confirmó que se debe hacer un nuevo juicio.
La causa empezó el 21 de febrero de 2011. Fue con una denuncia a la Brigada de Investigaciones Unidad Regional 1. Una oficial relató que había tenido una entrevista con una persona que le informó sobre una mujer oriunda de República Dominicana que trabajaba en un local nocturno de la localidad de Salliqueló, en provincia de Buenos Aires, y que no habría estado conforme con su contexto laboral.
El prostíbulo estaría, a su vez, conectado con la whiskería Chicho Show y con un tercer local también en Buenos Aires. El informante policial indicó que las mujeres rotaban entre los boliches y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que al no poder ser prostituidas en el prostíbulo de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular.
Con ese denuncia, se pidieron intervenciones telefónicas. Una de ellas al encargado del local Chicho Show y el 27 de agosto de 2011 se allanó la whiskería. En el operativo, se comprobó la existencia de una barra de tragos, una fonola, una gran cantidad de preservativos y la comunicación con cuatro habitaciones con cama matrimonial y luces rojas que se comunicaban con el local a través de una puerta.
La causa se produjo en un contexto político: en Santa Rosa se declararon ilegales los cabaret, prostíbulos, nigth club y otras formas de negocio vinculados a la prostitución.
Según uno de los testimonios en la instancia policial «en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado…».
Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa arrojaron pruebas de cómo funcionaba la red de trata en el cabaret. Además, se pudo establecer un gran número de mujeres obtuvieron libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Macachín y fueron prostituidas por los imputados en el local.
La prueba estableció que estas personas provenían de distintos puntos del país. También había de nacionalidad extranjera, en mayor medida de Paraguay y República Dominicana.
Estas mujeres ingresaban al circuito prostibulario con deudas ya que debían pagar los pasajes de traslado, gastos de alojamiento y elementos de subsistencia. Además, vivían en el mismo lugar donde ejercían la prostitución.
Los investigadores determinaron que el cabaret era propiedad de Daniel De Luca y que funcionaba como una «casa de tolerancia» donde sus responsables obligaban a las mujeres a mantener encuentros sexuales con los clientes a cambio de una suma de dinero.
Luis Daniel De Luca y Blas, su socio, serían quienes ordenaban la recepción y acogimiento de un gran número de mujeres que provenían de diferentes sitios del país y del extranjero. Para ello, contaban con la contribución de Moya y Otero quienes fueron imputados por su «participación necesaria» en el proceso. Por su parte, Maximiliano De Luca, fue imputado por su «participación secundaria» en el delito de trata de personas.
Jorge Luis Cabak, a pesar que estuvo involucrado en el caso fue electo intendente dos veces más. Incluso después del juicio en el Tribunal Oral, donde se mostraron las relaciones y los jueces por cuestiones formales anularon todo el juicio.
(Diario de La pampa)
