La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará siendo investigada en la causa conocida como «La ruta del dinero K», donde ya fueron condenados a prisión el empresario Lázaro Báez, sus hijos, el arrepentido Leo Fariña y un grupo de financistas, entre otros.
Fuentes judiciales revelaron que, por dos votos a uno, la Cámara Federal aceptó una solicitud de una ONG que se convirtió en querellante en el caso, revocando así el sobreseimiento previo dictado por el juez Sebastián Casanello, respaldado por el fiscal Guillermo Marijuan y con la aprobación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La decisión de reabrir la investigación fue tomada de manera dividida. El juez Eduardo Farah votó en contra del planteo, mientras que los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi respaldaron la petición de la asociación civil Bases Republicanas, vinculada al macrismo. Aunque no aceptaron declarar la nulidad del dictamen del fiscal Marijuan del 24 de mayo pasado, sí determinaron que el juez dé curso al planteo del nuevo querellante como acusador.
La posibilidad de la reapertura del caso ya era especulada cuando, el 17 de agosto, la misma Cámara Federal aceptó a la mencionada ONG como querellante. En esa línea, la defensa de Fernández de Kirchner alegó ser víctima de persecución política y solicitó la recusación de los jueces Bertuzzi y Llorens que habían admitido al nuevo acusador. No obstante, Farah rechazó apartarlos, considerando que no se cumplían las condiciones para ello.
El caso, conocido como «La ruta del dinero K», se inició en abril de 2013 y gran parte de la investigación ya fue debatida en juicio, resultando en la condena de Lázaro Báez y otros 17 imputados por lavado de dinero. Aunque las condenas fueron confirmadas en Casación, solo un voto ratificó que el dinero provenía de la obra pública.
En la fase de instrucción, la acusación contra Fernández de Kirchner por su presunta participación en estas maniobras continuó. Aunque fue llamada a declarar, no fue procesada, y el juez Casanello dictó su falta de mérito, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que, no obstante, ordenó profundizar en las investigaciones.
«No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente», dijo Fernández de Kirchner cuando fue llamada a indagatoria. «Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno», agregó.
En 2022, la defensa solicitó el sobreseimiento, retirando el planteo ante la previsión de una respuesta negativa de la Cámara Federal. Para la defensa, «este proceso fue utilizado por los opositores políticos de Cristina Fernández de Kirchner para denostar su figura».
El 24 de mayo pasado, el fiscal Marijuan, quien impulsó la causa durante una década, sostuvo: «No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez». Habló de «entrañable cercanía, vínculo y amistad» con el matrimonio presidencial. Y para demostrarlo se basó en pruebas de otras causas en las que ambos están imputados. Sin embargo, sostuvo que eso no era suficiente para anvanzar en la investigación contra la vicepresidenta, alegando que el fallo de Casación había debilitado su hipótesis y solicitó su sobreseimiento.
Ante este pedido, la asociación civil Bases Republicanas buscó involucrarse en la causa, argumentando que Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Aunque Casanello inicialmente rechazó la participación de la entidad como querellante, la Cámara Federal finalmente lo aceptó y ahora, por mayoría, ordena volver a investigar a la vicepresidenta que dejará su función pública el 10 de diciembre. (Infobae)
