El Gobierno anunció la decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público en todo el país. La medida incluye la eliminación del Fondo Compensador del Interior, lo que elimina la asistencia del Estado Nacional a las empresas del interior de la Argentina.
A partir de ahora, según se anunció, la ayuda oficial se canalizará a través de SUBE y será sólo para los beneficiarios de la tarifa social, que implica un descuento del 55%.
Así lo anunció el ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, a través de un comunicado. Éste está encargado de subsidiar al transporte de pasajeros por automotor urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional para «garantizar el acceso de la población a los servicios», según especifica la Resolución N°82/2022, de febrero del 2022.
«La Secretaría de Transporte ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de Jurisdicción Nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas», detalló la cartera.
Y agregó que este año también «se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del País, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)».
En la práctica, esta decisión le impone la necesidad de subir la tarifa a los gobernadores, con los que el Gobierno mantiene una tensa relación que se agravó tras el fracaso de la Ley Ómnibus.
«Esto lo veíamos venir. Es un cambio sustancial porque entre el 20% y 25% de los ingresos son subsidios nacionales. Nos termina de desequilibrar por completo», sostuvo Saúl Isaacson, referente de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal (CETRAM), en diálogo con Cadena 3 Rosario.
«Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones», expresa el comunicado de Economía.
Se desregula la tarifa pero se mantiene la tarifa social
Sin embargo,se aclaró que «las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE».
«Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público», agregó el texto, remarcando que «la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan».
De esta manera, solo mantendrían la asistencia social aquellas personas que estén englobadas en el beneficio, que rige para jubilados y pensionados, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros. (con información de Perfil)
