Cuando falta apenas una semana para el inicio de las audiencias en las que se discutirá el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la Secretaría de Energía publicó los criterios que tendrá en cuenta para identificar al 10% de los usuarios que dejarán de percibir subsidios de parte del Estado en sus boletas de electricidad y gas.
De acuerdo con un informe técnico publicado en la web oficial de la Secretaría de Energía, se identificará al “10% de mayor capacidad de pago” a partir de la combinación de información relativa al patrimonio con información de ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Concretamente, se tendrán en cuenta criterios geográficos-espaciales y socioeconómicos.
La quita alcanzaría a usuarios que cumplan con alguno de estos criterios:
- Vivir zonas geográficas que sean consideradas polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en base al valor del metro cuadrado. Esto incluye a los barrios privados.
- Tener un ingreso que supere el valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes. Este valor fue de $314.000 a marzo.
- Tener aviones o embarcaciones de lujo.
- Tener 3 o más inmuebles registrados.
- Tener 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.
Sobre la definición del umbral de ingresos, el documento señala que se los considera “lo suficientemente amplios como para no cometer errores de exclusión significativos”. De todos modos, agrega que “la cantidad de CBTs analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”.
De acuerdo con la metodología definida, el universo estimado de titulares que dejarían de percibir los subsidios en el Aream Metropolitana de Buenos Aires es de 921.778 en el caso de la energía eléctrica y de 760.600 titulares en el caso del gas residencial.
La disponibilidad de información inicial es una limitante para la segmentación y el informe señala que se deben instrumentar mecanismos para que cada empresa proveedora informe la cantidad de hogares que están asociados, su composición y su nivel de ingresos y de patrimonio, información que se irá complementando con otros registros.
Los usuarios que sean afectados por la quita de subsidios y consideren que no les corresponde dispondrán de un mecanismo “ágil” para hacer el reclamo y solicitar que su situación sea reconsiderada. Además, se tendrán en cuenta los casos de usuarios a los que no les corresponda pertenecer a este 10% a pesar de haber sido identificado por alguna de las metodologías anteriores. Por ejemplo, una persona que viva en una zona geográfica de alta capacidad de pago pero que perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH). Otro caso sería el de las 694 personas inscriptas en el régimen de trabajo en casas particulares que viven dentro de urbanizaciones cerradas.
Según los cálculos del ministerio, en base al año 2021, un hogar del decil más alto recibió $49.452 en subsidios a la electricidad (1,5% de su ingreso total familiar) y $23.312 en subsidios al gas (0,7% de su ingreso). Esto quiere decir que la modificación implicaría una quita de al menos $72.764 al año para las familias de mejor posición económica.
De acuerdo con el informe, el esquema actual, que otorga subsidios de manera universal al precio mayorista de la energía, sumado a que el consumo de electricidad y gas natural se correlaciona con el ingreso de los hogares, implican que el subsidio es “pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política”. “Cuando los subsidios presentan un comportamiento pro-rico significa que existe espacio para revisar su incidencia distributiva en función de reducir los errores de inclusión”, añade.
El informe identifica que el gasto en energía en relación al ingreso es sustancialmente más alto para los hogares más pobres. En este sentido, sugiere que la eliminación de los subsidios en los deciles de altos ingresos “no tendría un impacto significativo en el ingreso disponible en estos sectores”.
Además, el texto señala que las señales actuales de precios de la energía fomentan un uso poco eficiente de la misma al provocar, en ciertos segmentos de la población, un consumo por encima de las necesidades. Las necesidades de abastecimiento energético que no pueden suplirse con la capacidad productiva doméstica, debe proveerse con mayores importaciones. En nuestro caso, esas importaciones se componen por el gas natural de Bolivia, gas natural licuado y otros combustibles líquidos. Esto quiere decir que la estructura actual de subsidios tiene efectos negativos también en la balanza externa. (elDiarioAR)
