El proyecto de ley aprobado por el Senado que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior, volverá a estar en la agenda de la Cámara de Diputados el miércoles de esta semana, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que retomará el debate de la iniciativa.
La del miércoles a las 13 será la segunda jornada de análisis del proyecto en la Cámara baja, después de que el pasado miércoles 1 de junio se iniciara su tratamiento en la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, con el testimonio de abogados constitucionalistas, funcionarios y economistas.
Los legisladores retomarán de esta manera el debate en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto que preside Carlos Heller (Frente de Todos) y la de Legislación General, a cargo de Moreau, con la presencia de nuevos expositores.
El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, aseguró en declaraciones radiales que tiene «la obligación de decir que en todos los temas» el oficialismo tiene 118 diputados y «hay que conseguir 11 para el quorum«.
«En general en todos los temas parto del mismo diagnóstico: cómo buscamos, cómo hacemos para encontrar las adhesiones necesarias para aprobar estas iniciativas», aclaró.
Martínez abogó por «poner en Diputados una fuerte impronta de debatir estos temas porque, a veces, da la sensación que estamos dando debates sin tener en cuenta el contexto en el que estamos parados. Hay un contexto internacional que debe ser analizado en la Cámara y en función de ese análisis generar el mayor consenso posible con todas las fuerzas que quieran una sociedad más igualitaria para dar este tipo de debate», aseveró Martínez.
Advirtió que «dentro de 4 años, cuando empecemos a pagar al FMI» tras el refinanciamiento logrado por el Gobierno nacional, de dónde vamos a sacar los dólares. Tenemos una alternativa que es que parte de esos dólares vengan de la recuperación del dinero fugado en el exterior o, si no, deberá salir del esfuerzo de los argentinos y de la economía nacional».
El pasado 12 de mayo, el proyecto elaborado por el senador Oscar Parrilli (FdT) fue avalado en la Cámara alta por 37 votos positivos del oficialismo y un par de aliados, contra 31 negativos de Juntos por el Cambio (JxC) y otros monobloques.
El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.
También, agrega que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
El objetivo es pagar la deuda de más de 44.000 millones de dólares con el FMI contraída por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018.
En el marco del debate en el Senado, el interbloque opositor de JxC prestó conformidad para dar quórum en el inicio de la sesión que se extendió durante ocho horas, pero se manifestó en contra de la propuesta al calificarla como «un blanqueo encubierto».
Qué dice el texto
Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior.
A través del proyecto, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas.
Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.
La iniciativa encomienda al Ministerio de Economía solicitar la colaboración del FMI para asistir a la Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra evasión fiscal, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos.
Asimismo, el proyecto también alcanzará a quiénes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la Argentina», para lo cual se propone también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
«Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada», señala el proyecto del oficialismo.
Según estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país, de los cuáles se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020. (Télam)
