Trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Justicia (ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad) salieron a denunciar que el Gobierno nacional avanzará con 500 despidos en el organismo, reduciendo un 80% su planta.
Horas después del día del Ni Una Menos (que se conmemora el 3 de junio), agentes de la dependencia difundieron un comunicado en el que señalaron que las autoridades avanzarían con las desafectaciones el próximo 30 de junio. Así, la Subsecretaría quedaría funcionando con unos 100 trabajadores. “Denunciamos el total vaciamiento del Estado nacional de las políticas públicas que previenen las violencias por motivos de género”, indicaron.
El escrito señala que “transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de (Javier) Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional y para profundizar su política de confrontación con las mujeres, LGBTI+ y los feminismos en general”.
“Denunciamos a la actual Subsecretaria, Claudia Barcia, que comunica el vaciamiento del área mediante estos despidos un día después del 9no aniversario del grito Ni Una Menos; grito de lucha que hace nueve años nos encontró a cientos de miles en las calles reclamando sobre la responsabilidad del Estado en el abordaje de las violencias y en la construcción de respuestas integrales frente a una problemática que nos afecta a todxs”, indica.
Y agrega: “Hoy las políticas públicas que la cartera sigue teniendo bajo su responsabilidad en cumplimiento de la normativa vigente, como la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485),la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499), están cada vez más vaciadas producto de los recortes presupuestarios que deliberadamente el gobierno asumió para que nada de lo conseguido por el movimiento feminista y de mujeres, se sostenga”. (DIB)
