- ENACOM N° 1.466/2020
- N° 27/2021 (ratificada por Resolución ENACOM N° 170/2021)
- N° 28/2021 (ratificada por Resolución ENACOM N° 163/2021)
- N° 203/2021
- N° 204/2021 (ratificada por Resolución ENACOM N° 588/2021)
- N° 862/2021
- N° 2.187/2021 (ratificada por Resolución ENACOM N° 275/2022)
- N° 725/2022 (ratificada por Resolución ENACOM N° 1.174/2022)
- Nº 1.754/2022
- N° 2.393/2022
- N° 2.494/2022 (ratificada por Resolución ENACOM N° 409/2023)
- N° 557/2023
- N° 323/2021.
Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.
La resolución, firmada por la intervención del ENACOM, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina.
ENACOM: por qué se eliminan esas regulaciones
Según explica la misma resolución, según la Procuración del Tesoro de la Nación «el cambio de ordenamiento jurídico hace que deje de ser válido sin quedar totalmente extinguido». Por ese motivo fue necesario emitir otra resolución «que pronuncie su extinción, sea por la administración o por la justicia».
ENACOM: qué rol está cumpliendo durante su intervención
En otro tramo del documento, explicitan que tal como surge del DNU N° 302/2024 “…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “… el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados.”.
El objetivo del ENACOM durante su intervención será realizar una auditoría de la gestión durante el gobierno de Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la presidente de Alberto Fernández.
A su vez, el Gobierno dispuso que se deberá efectuar un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa de dicho ente, a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa, conforme las competencias asignadas por las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 y sus modificatorias, procurando fomentar su profesionalización y eficiencia.
(Ambito)
