El Gobierno ordenó la reducción del consumo de electricidad en todos los edificios públicos. La medida fue dispuesta por la secretaría de Energía, a través de la resolución 148 publicada en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo cumplir con los “criterios de ahorro económico y eficiencia energética”. Además, la disposición exige a la Administración Pública Nacional que asuma una “función ejemplificadora” frente a los ciudadanos.
La cartera a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo estableció que las empresas distribuidoras de energía “deberán modificar la potencia eléctrica contratada por los Organismos Públicos a fin de reducirla a la máxima potencia demandada en el mes inmediato anterior”. La resolución explicó que “la eficiencia energética en edificios públicos permitirá el mantenimiento de los servicios energéticos a un menor costo, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad”.
“En caso de que hubiere variación de potencia eléctrica estacional, la potencia eléctrica contratada deberá adecuarse al período de alta demanda, y posteriormente reducirse, de modo de permitir una adecuada capacidad de suministro y funcionamiento de las instalaciones y equipos consumidores instalados en las dependencias de los organismos de la Administración Pública Nacional”, señalaron en Energía.
Por su parte, el Gobierno determinó que todos las dependencias públicas deberán implementar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree)”, destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores y en edificios públicos del Poder Ejecutivo. Además, este plan busca capacitar al personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía. También solicitaron confeccionar un inventario detallado y actualizado de todas las instalaciones de energía eléctrica y gas.
Desde la secretaría de Energía justificaron que el sector público debe asumir “una función ejemplificadora ante el resto de la sociedad”.
En el primer semestre de 2024 los subsidios energéticos se redujeron un 47%, hasta US$ 3.035 millones. En términos fiscales, para el Estado representa un ahorro de 0,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) respecto al mismo lapso del año anterior.
La reducción de los subsidios energéticos es una de las claves del ajuste que lleva adelante Javier Milei para lograr el superávit de las cuentas públicas. Los resultados del primer semestre responden al alza en los precios, que se trasladó a los usuarios en mayores costos de la luz y del gas.
A la vez, en el caso de la “energía eléctrica se explica, centralmente, por la reducción del costo de generación y por el pago con bonos (a las generadoras) en los últimos dos meses. Adicionalmente, en las últimas semanas se intensificó el retraso en los pagos, lo que explica la mayor parte de la contracción de los recursos transferidos por el Tesoro”, detalla el informe de la consultora Economía & Energía. (con información de TN)
