En el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Walter Lara Correa, del Contencioso Administrativo, hizo lugar a una solicitud contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la causa por alimentos, pero le pidió no discontinuar su metodología.
Estableciendo como “representante adecuado” de fiscalización al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el magistrado le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comederos y merenderos comunitarios.
Asimismo, consideró que la cartera del Gobierno “no innove respecto de los planes y programas” referidos a la distribución de alimentos, que ” deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
A pesar de su fallo, la Justicia interpreta que no obstaculiza “las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho”.
Además, se aclaró que las auditorías a comedores y merenderos no se verán afectadas. El Ministerio de Capital Humano deberá presentar un informe mensual sobre el desarrollo de estas políticas públicas, garantizando que quienes dependen de estos servicios sigan recibiendo su apoyo.
Con información de Ámbito
