Interviénese por el término de 180 días la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina – OSPRERA (RNAS Nº 1-1930-2), facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo, de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”.

Así reza, textualmente, el artículo 1° del decreto 720/2024 que el Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial, y que oficializa la medida anunciada la semana pasada de quitarle a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de su obra social.

Esto, menos de un mes después que la propia UATRE celebrara que había retomado el mando de la misma, tras un largo conflicto judicial.

QUÉ PASA CON LA OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES RURALES

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Salud, Mario Russo, designa además en el cargo de interventora a Virginia Montero.

La función de esta persona será “elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”, subraya el documento.

Al momento de argumentar los motivos que llevaron a esta decisión, el decreto cita una auditoría realizada sobre los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos, “que permiten advertir una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre Osprera, de incuestionable gravedad”.

“Quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”, agrega el texto normativo.

En relación a las deudas y otras razones que llevaron a intervenir la obra social, menciona textualmente lo siguiente:

En lo que respecta a la situación de endeudamiento del Agente del Seguro de Salud, al cierre del ejercicio 2023 la misma es crítica, con rangos completamente fuera de los valores normales. La ayuda financiera aprobada por la Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud N° 2048 del 3 de octubre de 2023 y transferida por dicho organismo a la Obra Social, el 4 de octubre de 2023, por un monto de $ 3.350.190.354,30 no fue aprovechada adecuadamente, ya que no solo no logró mejorar la situación de endeudamiento, sino que la ha empeorado.
Ha de sumarse a esto que la deuda prestacional -al 30/9/23- era de $ 26.979.000.000 y asciende en marzo de 2024 a $ 43.949.000.000, lo que equivale a un incremento de un 63%.
La deuda con los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada asciende a un total de $ 1.500.310.836.
Del Balance del año 2023, de acuerdo al informe emitido por la Gerencia competente el pasado 15/05/24, permite concluir que “…la situación económica financiera es crítica, presenta un capital de trabajo altamente negativo, un índice de liquidez por debajo de los límites aceptables y niveles de endeudamiento corriente y total fuera del ámbito de los parámetros, regular capacidad de repago…”.
La situación antes descripta, sumado a los litigios pendientes, afectan negativamente la operatividad de Osprera, dificultando su normal desenvolvimiento.
En esta inteligencia, surge de los datos cargados en el Registro Nacional de Amparos en Salud, en jurisdicción de la Superintendencia de Servicios de Salud, que la Obra Social se encuentra demandada en un total de 172 acciones judiciales, referidas a las siguientes temáticas: medicamentos siendo la más reiterada con 73 causas; y afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional, y 31 corresponden específicamente a Discapacidad, respecto de prestaciones médicas y asistenciales, prestador ajeno a la Obra Social, prótesis y ortesis, transporte y acompañante terapéutico.
En lo que hace a los juicios de Mala Praxis Médica, ascienden a un total de 29, de los cuales 2 se encuentran concluidos con compromiso económico para el Agente del Seguro de Salud.
A mayor abundamiento, el referido Agente posee un total de 44 juicios de índole laboral, 62 sobre cobro de pesos, 46 de ejecuciones fiscales y 1 por daños y perjuicios.
Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en Osprera ha sido la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas.
En la última auditoría social realizada -correspondiente al período 2022/2023- se identificaron 16.410 reclamos que beneficiaros de Osprera formularon directamente a la Obra Social en todo el país; en tanto, a la Superintendencia de Servicios de Salud ingresaron un total de 1.655 reclamos durante dicho período.
El área técnica con competencia en la materia del citado Organismo de Control verificó que el Agente del Seguro de Salud, en su página web, no informa sobre la cartilla, ni sobre los coseguros. A su vez, no cuenta con ningún registro o información (propia o elaborada por prestadores) sobre intentos de suicidio ni protocolo IVE, tampoco posee canales de difusión de las temáticas IVE, identidad de género y violencia de género.
El relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por Osprera en su cartilla médica.
Asimismo, en aquellas jurisdicciones en las cuales Osprera no informa prestadores médico-asistenciales se infiere que la cobertura prestacional se realizaría a través de Hospitales Públicos. Se destaca que al efectuar el muestreo se advierte la falta de oferta prestacional y de farmacias en diversas jurisdicciones.
En cuanto al Mecanismo de Integración, el análisis de la carga efectuada arroja la necesidad de auditar la documentación prestacional respaldatoria requerida por la normativa de aplicación de por lo menos 20 legajos.
En el contexto de la situación actual descripta sobre Osprera, es un dato de relevancia destacar que la Obra Social -en el marco del Mecanismo de Integración, por el período abril de 2017 a mayo de 2024- recibió del Fondo Solidario de Redistribución, en jurisdicción de la Superintendencia de Servicios de Salud, un total de $22.740.238.761.
El Agente del Seguro de Salud no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de aplicación, en cuanto a la registración total de los contratos prestacionales; encontrándose desactualizadas las Cartillas Médicas.
Toda la información y documentación recabadas por las diversas áreas técnicas permitió advertir a la Superintendencia de Servicios de Salud que las acciones y omisiones en que incurría el Agente del Seguro de Salud no garantizaban una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que interferían en el normal funcionamiento de la entidad.