La Justicia suspendió este jueves el decreto del presidente Javier Milei que instrumentó la disolución de Vialidad nacional.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, que hizo lugar a una cautelar que había presentado el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), uno de los gremios del sector.
El fallo, que lleva la firma de la jueza federal Martina Isabel Forns y es un nuevo revés judicial para el Gobierno, avala la cautelar de no innovar y determina que el Poder Ejecutivo debe abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del Decreto 461/2025, entre ellos reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad. Esto por el término de seis meses.
«Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada», sostuvo la jueza.
Entre sus justificativos, se basó en las condiciones de trabajo que rigen para los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, en el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrados para sus empleados y, sobre eso, acotó: «La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia».
La magistrada también dijo que en el artículo 32 del Decreto 461/2025 de Milei se dispone que la estabilidad del personal tiene «una fecha de vencimiento», por lo que planteó: «Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes».
Asimismo, consideró que la decisión de que todo movimiento de trabajadores deberá contar con la aprobación previa del Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, «conlleva la subordinación de las decisiones a la exclusiva discrecionalidad» de esa cartera.
«Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales», dijo Forns en el fallo, que ancló también en la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección del empleo público «frente a injerencias indebidas por parte del Estado empleador».
En sus planteos, la magistrada habló de los trabajadores como un sector «socialmente vulnerable» e hizo lugar a los reclamos por la «posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria» derivados de «eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales«.
Por eso, determinó: «Esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo».
Mientras tanto, no hizo lugar a la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, ya que consideró que eso requiere un estudio «más complejo y profundo».
La medida de la Justicia de San Martín fue celebrada desde el sindicato. «Esta decisión representa un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la Dirección Nacional de Vialidad. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras compañeras y compañeros», dijeron desde el Sevina.
A principios de julio, el Gobierno anunció la disolución de Vialidad. El encargado de hacer la notificación fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que se iban a dar de baja tres organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad. Las funciones, señaló, se repartirían dentro del Ministerio de Economía.
Después, el fin de Vialidad fue oficializado con su publicación en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo. (La Nación)
