La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) denunció este lunes que entre diciembre y febrero pasado se perdieron unos 80.000 puestos de trabajo y que la merma en los empleos en el sector seguirá en aumento.
Según el gremio, el gobierno de Javier Milei decidió no pagar los certificados de obra, incluso para las financiadas por organismos internacionales. Además, la caída de aportes de los trabajadores generó problemas económicos en la obra social, por lo que el gremio dijo estar aportando para garantizar su sustentabilidad.
El informe publicado por la Uocra indicó que, de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero. Mientras que las estimaciones a futuro muestran un panorama aún más complicado, “dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída. Incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante número por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo”.
De acuerdo con el relevamiento, esos 80.000 puestos están estrechamente relacionados con trabajadores de la construcción ocupados en obras públicas, teniendo en cuenta que históricamente alrededor del 25% de los empleos se encuentran vinculados a obras con financiamiento del sector público central y de las provincias.
“Ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aún aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido, se produjo esta situación tan extremadamente seria”, explicaron desde el entorno de Gerardo Martínez, el secretario General de la Uocra.
Las provincias más pequeñas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas, como Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero.
Por otra parte, aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto de las decisiones del gobierno nacional son la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán.
Desde el gremio aclararon que “estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”.
Diario Popular.
