Una comunidad mapuche reclama para sí 372 hectáreas en un sitio de privilegio, camino al Cerro Catedral, a sólo 12 kilómetros del centro cívico de Bariloche. El problema es que el lugar ya está ocupado y activo desde 1964. Allí funciona la Escuela Militar de Montaña del Ejército argentino, que se llama “Teniente General Juan Domingo Perón”.
El Ejército alega que las tierras son del Estado Nacional, que se las dio en 1937. Y que desde hace casi 60 años se usan para el entrenamiento de montañismo y esquí de las tropas con asiento a lo largo de toda la Cordillera argentina, de Jujuy a Tierra del Fuego.
También se entrenan allí las misiones que cada año van a las distintas bases argentinas en la Antártida.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -del Ministerio de Justicia de la Nación- en 2012 le reconoció a la agrupación mapuche Millalonco Ranquehue la titularidad de esas tierras por “presencia ancestral”.
Hace tres meses, el Juzgado Federal de Bariloche -que no tiene juez y está siendo subrogado por la jueza de Zapala, Silvina Domínguez- aceptó un amparo de los mapuches y resolvió que “en 60 días a partir de que esta sentencia quede firme” el Ejército le ceda gratuitamente las tierras al INAI para que éste se las dé “en forma inmediata” a los mapuches.
El fallo fue apelado por el Ejército y quedó en manos de la Cámara Federal de General Roca, que resolvió este jueves 28 de abril: por una cuestión técnica -que la apelación se presentó fuera de plazo-, rechazó la queja del Ejército y dejó firme el fallo de la jueza Domínguez.
El motivo concreto es que las partes tenían tiempo para apelar hasta el 4 de febrero y el Ejército apeló el 6. Dos días más tarde.
En la práctica, significa que dentro de 60 días -es decir, el 28 de junio próximo- el Ejército tiene que entregar esos terrenos al INAI para que les hagan los papeles de la titularidad a los mapuches.
Fuentes del Estado Mayor Conjunto dijeron que los abogados del Ejército ya trabajan en la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de la Nación para intentar revertir la decisión. En la apelación ante la Cámara, la abogada Silvia Vázquez ya había anticipado que, ante un fallo adverso, recurrirían a la Corte.
Los camaristas rionegrinos que dejaron firme el fallo alegando un tecnicismo son Mariano Lozano y Richar Gallego. Los mismos que le habían dictado falta de mérito a 11 integrantes de una comunidad mapuche acusados de usurpar y destruir una construcción en Villa Mascardi, donde el grupo toma tierras que pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi desde hace 5 años.
Dijeron que los atacantes no se pudieron identificar porque cubrieron sus rostros con capuchas. Es decir, cuando atacaban con las caras tapadas no los detuvieron y ahora alegan que no los pueden identificar porque tenían las caras tapadas.
Los mismos jueces, además, habían nombrado al frente del juzgado de Bariloche al subrogante Gustavo Zapata, que cuando debió resolver sobre una ocupación de tierras en El Bolsón desestimó el desalojo y le ordenó al Estado “brindar soluciones habitacionales” a 130 familias en un plazo de “15 días”. No se pudo cumplir.
La jueza Domínguez, que ahora ordenó entregar las tierras del Ejército a los mapuches, también había dictaminado a su favor en otros casos: sobreseyó a una dirigente mapuche que en una reunión le tiró por la cabeza un pesado lapicero de escritorio a la fiscal federal Sylvia Little.
La fiscal quiso renunciar cuando conoció el fallo en favor de su agresora. La convencieron para que siguiera, pero apenas tuvo la oportunidad presentó los papeles para jubilarse, en enero pasado, y se fue.
El fallo contra el Ejército abre la expectativa de más reclamos mapuches en la zona, en la semana en que los grupos que ocupan Villa Mascardi rechazaron una propuesta de Parques Nacionales para ser reubicados.
Sobre otras parcelas de la misma Escuela de Montaña del Ejército que está ahora en la mira hay reclamos pendientes de otras seis comunidades mapuches que podrían presentar una lluvia de amparos simultáneos en los próximos días, aprovechando la luz verde de la ventana judicial: una jueza subrogante favorable a sus posturas -el juzgado de Bariloche sigue vacante- y una cámara con dos de sus tres miembros avalando las decisiones de esa jueza. El tercer lugar en la cámara también está vacante.
Entre quienes reclaman otras 400 hectáreas del Ejército está María Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena desde hace 80 días. (Clarín)
