La familia paterna de Lucio Dupuy demandará al Estado de la provincia de La Pampa ante la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos estatales que llevaron a la muerte del pequeño de 5 años, por cuyo asesinato están acusadas su madre Magdalena Espósito y su novia, Abigail Páez.
Además, anticipó que realizarán las denuncia penal contra el personal de salud que intervino en la atención de Lucio en los meses previos a su muerte y a pesar de las quebraduras y traumatismos que padeció, no activaron un protocolo para atenderlo como un caso de violencia infantil.
Ante una consulta de El Diario, el abogado José Mario Aguerrido afirmó que «vamos a presentar una demanda contra el Estado pampeano. Lo está armando un parte del equipo, pero la familia Dupuy ya tomó la decisión de realizar una presentación ante organismos internacionales. Tenemos que ver dónde… puede ser uno con sede en Ginebra, en Naciones Unidas o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después veremos qué deciden, si nos dicen que si, o que no».
Aguerrido representa en el juicio penal por el asesinato de Lucio, a su padre Christian Dupuy, quien como damnificado directo es querellante. Pero además representa a los abuelos paternos Ramón Dupuy y Silvia Gómez.
El asesinato de Lucio Dupuy se produjo el 26 de noviembre de 2021. Ese día, pasadas las 20.30 horas, Abigail Páez llevó en andas a Lucio, quien estaba inconsciente y vomitaba sangre, a la posta sanitaria del barrio Río Atuel. Pero estaba cerrada. En la vereda los vecinos intentaron reanimarlo. Después lo llevaron al Hospital Evita donde el médico de guardia certificó su muerte.
La autopsia reveló que el nene sufrió el estallido de los órganos y un fuerte golpe en la cabeza que provocaron su muerte. Además el juicio desnudó el maltrato que sufrió, con torturas y abuso sexual.
La investigación del caso reveló que Lucio tenía varias entradas en el Hospital Lucio Molas (el principal de la capital pampeana), en el Hospital Evita y en la posta del barrio con quebraduras y traumatismo pero ningún profesional activó el sistema para que fuera seguido por un caso de violencia infantil.
«Nosotros creemos que hubo una desprotección de los derechos de Lucio. Tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo», explicó Aguerrido.
El abogado dijo que los organismos dedicados a la protección infantil como la dirección de Niñez no se activaron por no lo advirtieron los profesionales de salud. «Con un agravante: en La Pampa la historia clínica está informatizada. Tenían a un clic lo que pasaba con Lucio, pero no hicieron nada», detalló.
Mientras que durante los meses previos el personal médico que atendió a Lucio no recurrió a esta herramienta informática para cuidar del nene, en los días posteriores hubo inmerables accesos a la historria clínica de Lucio una vez que se produjo su muerte. «Hubo hasta el 29 de noviembre de 2021 más de mil ingresos a la historia clínica de Lucio, en forma morbosa. Solo algunos de esos ingresos fueron necesario, el resto no. Hasta después de su muerte hubo un daño contra el nene», remarcó su abogado.
Pero además, Aguerrido también apuntó al sistema educativo. Lucio asistía al jardín de infantes: los dibujos que realizaba son parte de la prueba por el maltrato y el abuso que padecía. Fue durante el año 2021, que aunque en algunos períodos regió la cuarentena, asistía con asiduidad a la sala. Dibujos de niños sin rostro y cuerpo sin piernas, según reveló la sicóloga Lorena Ruggero, especialista en sicología jurídica, son la muestra de que sufría abuso sexual.
El abogado, en el caso del Poder Judicial apuntó a un incumplimiento durante el período que Lucio permaneció con la familia paterna y pasó a mano de su madre, Magdalena Espósito Valenti.
Aguerrido también anticipó que realizará una denuncia a los médicos que atendieron a Lucio y no advirtieron el maltrato infantil. «Vamos a criminalizar al personal médico una vez que termine el juicio, con la sentencia próxima», dijo Aguerrido.
«Cuando la madre quiere recuperar a Lucio, cuando después de dos años le volvieron las dotas maternales, se cambió el estado tutelar del nene. Pero no hubo un estudio ambiental ni informe de qué vivía o en qué trabajaba la madre», afirmó Aguerrido, apuntando a la decisión de la jueza de Familia de Pico, Ana Laura Pérez Ballester.
En el caso de la madre Magdalena Espósito Valenti no hubo estudios socioambientales, como ocurrió con los tíos Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo cuando en el año 2019 quedaron con la tutela de Lucio porque la madre se fue de mochilera durante casi dos años. (Diario de La Pampa)
