En un contexto político y social convulsionado, la plataforma de Gobierno de Javier Milei plantea cambios drásticos en numerosas áreas del Estado. Entre ellas, ha planteado una reforma previsional que busca modificar profundamente el sistema de seguridad social argentino. Llegado el momento se abrirá el debate en el Congreso, que determinará cuales de estos puntos podrán prosperar, cuales deberán esperar una adecuación más lenta y cuales resultarán de imposible implementación.

No hay dudas de que nuestro sistema de jubilaciones está atravesando una crisis terminal, con un déficit anual superior al 51 por ciento. Que se necesitan 4 trabajadores activos por jubilado para garantizar su sustentabilidad y tenemos menos de 2. Hay consenso en cuanto a los enormes desafíos que se aproximan en el marco de la nueva longevidad, habiendo caído un 40% la tasa de natalidad y creciendo la expectativa de vida 4 meses por año. Estas cuestiones marcan la urgencia de reformas de adecuación, la necesidad urgente de establecer programas de educación financiera y la creación de sistemas privados de ahorro que complementen jubilaciones cada vez más magras.

Para Javier Milei, primero es necesaria una reforma profunda del Estado. Luego, continuará con reformas de segunda generación que incluyen el sistema previsional. Estos son los principales puntos de la reforma previsional propuesta, sus posibles implicaciones y los argumentos a favor y en contra.

El libertario considera necesario volver a un esquema de administradoras privadas de fondos de pensión. Decir eso en Argentina parece mala palabra, por la pésima experiencia de los años ‘90, que concluyeron con la estatización de las AFJP en el año 2008.

No hay dudas de que nuestro sistema de jubilaciones está atravesando una crisis terminal, con un déficit anual superior al 51 por ciento

En las últimas décadas, se ha observado una tendencia creciente en varios países hacia la creación de sistemas privados complementarios de la jubilación. Estos sistemas, a menudo conocidos como fondos de pensiones privados o planes de jubilación voluntaria, ofrecen a los individuos la oportunidad de ahorrar y gestionar sus propios fondos destinados a la jubilación, complementando los sistemas de seguridad social públicos.

En primer lugar, sería clave aprender de los errores cometidos y controlar las comisiones y gastos que estas administradoras cobran a los aportantes. También es importante considerar que estos sistemas privados ofrecen ventajas en términos de flexibilidad y potencial de inversión, pero también plantean desafíos en términos de equidad y acceso, ya que su viabilidad puede depender en gran medida de los ingresos y la capacidad de ahorro de cada individuo.

Una de las propuestas más destacadas es la elevación de la edad de jubilación. Se argumenta que el aumento de la esperanza de vida y las presiones económicas hacen necesario ajustar la edad de retiro para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los sistemas jubilatorios actuales nacieron a fines del Siglo XIX, cuando la expectativa de vida era de 60 años y la edad jubilatoria también. Hoy en día la edad jubilatoria varía entre 60 y 67 años, pero la expectativa de vida mundial supera los 80 años. A esto se suma que la pirámide demográfica se ha invertido y en el 2050 habrá más personas mayores de 60 años que menores de 10. A medida que la población envejece, se vuelve esencial ajustar la edad de jubilación para reflejar la nueva realidad demográfica y evitar que el sistema colapse bajo la presión de un número creciente de jubilados.

Javier Milei, candidato a la presidencia de la coalición la Libertad Avanza (AP Foto/Natacha Pisarenko)

A todas luces, la jubilación estatal como único instrumento para financiar el retiro es un plan que está llegando a su fin. No obstante, las soluciones deben ser pensadas, coordinadas e implementadas en plazos de al menos 20 años.

Dentro de la plataforma de Gobierno 2023 de Avanza Libertad se ha planteado:

1. Salir del régimen actual de movilidad de las jubilaciones por ser insostenible. Se pretende declarar por ley la Emergencia Previsional y morigerar las indexaciones automáticas de haberes. Este planteo resulta cuanto menos cuestionable, considerando que las prestaciones pierden frente a la inflación año tras año y la mínima ronda hoy los U$S 100 mensuales.

2. Imponer el fin de las moratorias previsionales y el nacimiento de jubilaciones parciales en función de los aportes realizados. Es posible encontrar argumentos a favor y en contra de las moratorias. Lo que está claro es que son la respuesta que da el Estado a la falta de control del empleo informal. Gran parte de las personas ha trabajado toda su vida, pero no llega a los aportes porque no lo ha hecho en blanco. El problema es que durante los 18 años de existencia de las moratorias no se han tomado medidas de fondo para brindar una solución a esta cuestión. En este momento 7 de cada 10 personas se jubilan con alguna proporción de moratoria. Eliminarlas sin un trabajo de fondo implicaría generar millones de personas mayores con ingresos por debajo de la línea de pobreza, perjudicadas por haber sido empleadas de manera informal mientras el Estado miraba hacia otro lado.

El debate sobre esta reforma refleja las tensiones entre la necesidad de asegurar la viabilidad económica y la importancia de proteger los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos mayores

3. Eliminar el derecho a percibir pensión por fallecimiento y jubilación. Acá es importante considerar que la canasta básica del jubilado supera los $250.000 mensuales, con lo cual, muchas veces una persona que cobra dos beneficios mínimos suma $160.000 y cubre al menos el 64% de sus necesidades. Por otra parte, el beneficio ha sido garantizado sobre la base de aportes a lo largo de la vida de una persona con la previsión actuarial de que podría tener un cónyuge supérstite. Este ajuste generaría la vulneración de derechos adquiridos y un enriquecimiento sin causa por parte del Estado.

4. Liquidar los regímenes de excepción (especiales y diferenciales) que permiten jubilarse antes y con menor cantidad de aportes. Ciertamente hay regímenes de excepción que no tienen razón de ser, pero hay otros que se justifican en la insalubridad de los establecimientos o trabajos que se realizan. En los países desarrollados se procura no garantizar regímenes insalubres, sino mejorar los ambientes de trabajo para prevenir el envejecimiento prematuro de los trabajadores. Entonces, si bien este tipo de reformas son razonables, no pueden realizarse sin un trabajo de fondo de muchos años que mejore las condiciones de vida de los trabajos insalubres.

5. Eliminar el aporte patronal, con un esquema exclusivo de aportes personales. Casi todos los países del mundo cuentan con aportes patronales y personales. Esta sugerencia resulta inconsistente con el concepto libertario que dispone la quiebra del sistema previsional. Con esta medida lo estaríamos vaciando de fondos de una forma brutal, considerando que el empleado aporta el 11% y los empleadores alrededor del 17%.

La reforma previsional propuesta por la línea libertaria plantea cambios significativos en el sistema de seguridad social del país. Aunque los argumentos a favor de la sostenibilidad fiscal y la adaptación demográfica son sólidos, es importante considerar también las preocupaciones legítimas sobre el impacto en los jubilados y la posible exacerbación de la desigualdad. El debate sobre esta reforma refleja las tensiones entre la necesidad de asegurar la viabilidad económica y la importancia de proteger los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos mayores. Lo que resulta a todas luces obvio, es que Argentina tiene que implementar reformas de adecuación urgentes del sistema previsional, no sin antes implementar otras tantas reformas fundamentales que acompañen.

Para más información pueden participar del Silver Economy Forum Latam que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires (inscripción gratuita en www.seflatam.com).

(*Por Andrea Falcone. Abogada | Fundadora del único Estudio Jurídico exclusivo para Adultos +55/Infobae)