“Qué van a depositar, si son altos vagos”. El funcionario del ministerio de Seguridad tiene responsabilidad directa en las multas con las que Patricia Bullrich busca intimidar a las organizaciones sociales que realizan piquetes y no titubea ante elDiarioAR, amparado en el off the record. Es lunes por la tarde y el Gobierno acaba de denunciar ante la Justicia que se embarguen los bienes de las agrupaciones que reclamaron la semana pasada en las inmediaciones del Congreso contra la ley Bases de Javier Milei.
Otra vez Bullrich denunció a los manifestantes, luego de las cartas documento que le envió a movimientos de izquierda y del kirchnerismo tras la marcha por el 20 de diciembre, además de al gremio de Camioneros y a la CTA por la movilización a Tribunales hacia fin de año. Eran sumas millonarias. “No están pagando, pero van teniendo un antecedente. La ley ómnibus impone multas y se les va a complicar”, defiende el funcionario la política de criminalización de la protesta, que ahora solo tiene como sustento el protocolo antipiquete.
Justamente ayer el juez federal Sebastián Casanello avanzó en una causa que denuncia la “inconstitucionalidad” del protocolo de Bullrich. Instó a la ministra a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales. La respuesta de la excandidata de Juntos por el Cambio fue mediática: le puso precio al operativo de saturación de fuerzas federales frente al Palacio Legislativo de la semana pasada.
Calculó que tuvo un costo de $134.486.038,08. Esa suma –centavos incluidos– comprende los gastos operativos que tuvieron en conjunto la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura. Abarca, según el ministerio, “costo de empleo de personal, gastos de combustibles, elementos utilizados para Operaciones de Seguridad Ciudadana, etc”, pero no se brindaron más detalles. Es un secreto bajo llave el número de agentes dispuestos en cada operativo. “Eso nunca se comunica”, se defendió otro alto funcionario nacional.
Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos.
A los $134.486.038,08 les vamos… pic.twitter.com/Z0ro2k0LWP
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2024
La presentación de la medida cautelar contra los piqueteros la hizo Seguridad a través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires. “A tal valor deberá adunarse las sumas correspondientes a los costos del tratamiento médico de los integrantes de las Fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes, los que se encuentran en curso de delimitación y se aportarán en cuanto se tengan debidamente establecidos”, aclaró la cartera. Al menos el jueves hubo cinco efectivos heridos.
Pero nada decía el comunicado de Bullrich de ayer sobre la propia responsabilidad de las fuerzas por haber herido a una veintena de periodistas y fotorreporteros durante la represión. La del jueves, con policías subiéndose a la Plaza de los Dos Congresos, alentó a los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda –y algún que otro socialista y de la Coalición Cívica– a salir del recinto y buscar ganar las calles.
Este martes se reinicia la votación de la ley ómnibus en Diputados y se esperan nuevas manifestaciones en contra del proyecto libertario. Incluso habrá un “camarazo” a las 13, organizado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos (Agra).
Tampoco hubo mea culpa de Bullrich sobre el caso de Matías Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda y abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Sigue internado por un disparo de bala de goma en un ojo. Los médicos le han podido salvar el globo ocular, pero aún no pudo recuperar la visión, supo elDiarioAR. El agente no está identificado. Tampoco está identificado el efectivo de la Gendarmería que llevaba en su pecho un parche de la Bandera de Gadsden.
La Ciudad también irá contra los manifestantes. Según Jorge Macri, los daños en la vía pública ascienden a “más de 107 millones de pesos”. “Ya presentamos la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por los destrozos en el Congreso. La fiscalía tiene a disposición las fotos e imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables, hacerles pagar por los daños que causaron y seguir los procesos penales correspondientes”, publicó el jefe de Gobierno en redes sociales.
“No dejaré de actuar por miedo a un muerto”, desafió la ministra el domingo en una entrevista radial, luego de haber detenido a un grupo de mujeres por cantar el himno. Sabe que es de las funcionarias que más apoyo tiene en el círculo de Milei, quien le permitió escribir a su gusto el capítulo de Seguridad en la ley ómnibus. Y eso que tuvo que retroceder burdamente cuando primero apuntó contra las reuniones de 3 personas en la vía pública y luego morigeró el número a 30, para finalmente borrar ese artículo.
Sin embargo mantiene penas contra los “organizadores” de las protestas e incluyó una “chicana”: que las multas que se le cobran a las agrupaciones por protestas vayan a un fondo de obras públicas en barrios populares. “No pueden incluir la figura del autor intelectual porque esa forma está en la composición de lo que es una asociación ilícita”, dijeron en el radicalismo, que pone en duda todo el capítulo de Seguridad. Su aprobación está en veremos en la votación en particular que comienza hoy. En la UCR hay mucho ruido sobre la delegación de facultades en esa materia al presidente. “El clima se enrareció”, recogió este medio.
Pero Bullrich sabe surfear las polémicas. En las últimas horas estuvo en boca del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que arrasó en las elecciones de su país a la carga de una política de mano dura contra las maras, muy cuestionada por no respetar los derechos humanos, según Amnistía International. Ya hubo más de 70 mil detenciones en el país centroamericano.
El mandatario dijo que le ofreció “colaboración” en materia de seguridad, que sería de carácter técnico. Su ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se reunió con Bullrich en Buenos Aires cuando fue la asunción de Milei. Ya el año pasado habían viajado a El Salvador los hoy legisladores libertarios Nahuel Sotelo y Santiago Santurio.
“Nos interesa adaptar el modelo de Bukele”, dijo ayer la ministra –según consignó Infobae– en una rueda de prensa acotada al presentar el Plan Bandera contra el narcotráfico en Rosario. Bukele la invitó a visitar su país este año. El viaje aún no se organizó.
(El Diario Ar)
