Apesar de los fuertes recortes por parte del Gobierno Nacional en los gastos vinculados a las jubilaciones, las asignaciones familiares, los subsidios económicos y las transferencias a las provincias, durante febrero, el término «déficit» regresó a las cuentas públicas tras registrarse un resultado financiero negativo de $186.635 millones.
Así lo reveló el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que elabora informes regulares y brinda soporte a Diputados y Senadores en la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones.
Esto tuvo lugar, según detalló el informe de la entidad, conducida por el economista Gabriel Esterelles, a raíz del pago de intereses de deuda, por un monto de $2.461.729 millones, un 34,2% mayor al efectuado en febrero del 2023, un aspecto «estacionalmente alto de acuerdo al calendario de vencimientos», aclaró el escrito.
«El incremento se explica principalmente por los mayores pagos de intereses correspondientes a bonos internacionales (enero) y a los préstamos del FMI y organismos internacionales de crédito (febrero)», argumentó la OPC.
Estos tuvieron una incidencia del 4,9% en los gastos de la Administración Nacional en febrero, el nivel más alto de entre todos los conceptos. Además, representaron nada menos que el 55,6% del total de los gastos corrientes del mes que, recientemente, acaba de finalizar, pese a la disminución, en este aspecto, del 29,5%.
Sin embargo, el rojo fiscal podría haber sido aún mayor, de no haberse computado, tal y cómo detalló el cuadro de ingresos, gastos y resultados de la ejecución presupuestaria, $206.024 millones en calidad de ‘Rentas de la propiedad’ del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, lo que impulsó los ingresos corrientes.
Pese al déficit financiero, el ajuste a jubilados, subsidios y provincias le garantizó números positivos al Gobierno
Mas allá del número negativo a nivel financiero, el balance sigue siendo positivo para la gestión de Javier Milei. Es que, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses de deuda, alcanzó los $929.154 millones durante el segundo mes del año, un 36,5% de diferencia con 2023.
Esto se debe, principalmente, al fuerte ajuste en lo que refiere a prestaciones sociales, subsidios energéticos y transferencias a provincias, que se desplomaron no solo en febrero, con una caída del 27,2%, del 62% y del 89,8% interanual, respectivamente, sino en lo que va del 2024, con profundas bajas del 29,7%, del 54,2% y del 73% en el último bimestre, en comparación a dicho período del 2023.
Por el lado de los adultos mayores, los recortes a las jubilaciones y pensiones alcanzó el 33,9%. Esto se explica por la licuación de los haberes de los jubilados y pensionados. Son, de esta manera, el grupo socioeconómico más afectado por las políticas de la administración de La Libertad Avanza en su búsqueda del superávit fiscal, algo que el propio Javier Milei anticipó al asegurar que se tratan del grupo etario con menor porcentaje de pobreza.
«La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad (que toma como referencia períodos anteriores asociados a recaudación de ANSES y salarios), como así también por la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos«, argumentó el informe.
Cabe remarcar que, en el recientemente iniciado mes de marzo, los haberes mínimos recibirán un aumento del 27,18%, con un bono adicional de hasta $70.000, totalizando $204.445 brutos durante los próximos meses. Sin embargo, se proyecta una pérdida del poder adquisitivo del 33% en comparación con marzo de 2023. Y aquellos que no reciban el extra experimentarán una pérdida aún mayor, alcanzando el 44% acumulado en los últimos 12 meses.
Otro aspecto que sufrió un duro golpe fue la prestación del Estado Nacional al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mejor conocido como el PAMI, con una brusca reducción del 41,1%.
Esto tiene lugar en medio de fuertes incrementos en los medicamentos y, a su vez, de las prepagas, lo que lleva a muchas personas a tener que abandonar el sistema privado para ir al público, en donde los recortes económicos, lo que afecta el nivel y la calidad de una atención básica, a partir de una menor inversión en infraestructura y una peor calidad de vida para los médicos y profesionales de la salud, mientras se da un crecimiento de la demanda, están a la vista.
Y en medio de la pérdida de poder de compra que estos ajustes conllevan, y que no solamente afectan a los adultos mayores sino a la población en su conjunto, en un contexto inflacionario de gravedad y con un estancamiento del peso de los ingresos, y en muchos casos congelamiento en materia de incrementos salariales, la entrega de subsidios energéticos cayó un 62%, anticipando las subas que se vienen en los próximos meses en este sentido, con esquemas ya presentados, en discusión y en inminente definición.
Por su parte, y en medio de la tensión entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, mientras el Ejecutivo busca negociar y que, de cualquier manera, se reflote y apruebe la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Congreso, las transferencias a provincias se desplomaron en casi un 90%.
Estas últimas fueron el nivel más bajo de los gastos corrientes ejecutados en febrero, con una incidencia de apenas el 4%, disminuyendo en un 73% su peso sobre los gastos primarios y totales a nivel interanual, comparando con el mismo mes del 2023.
Sin embargo, este parámetro incluye el gasto devengado de enero, aunque no abonado, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recientemente eliminado por el Gobierno Nacional. En este sentido, el trabajo aclaró que, dado que no se dispuso la continuidad de la vigencia del mismo, «si se excluyen las erogaciones por este concepto del total devengado en el rubro transferencias a provincias, la ejecución acumulada en el bimestre totaliza $14.285 millones y la retracción interanual se eleva a 93,7%«.
Todos estos recortes estuvieron acompañados, a la hora de explicar el resultado positivo a nivel primario, con una mejora del 2,6% en la recaudación, impulsada por una suba del Impuesto PAÍS, de los Derechos de Exportación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mas allá de la caída del consumo registrada en las últimas semanas. Esto compensó la baja en el Impuesto a las Ganancias, los recursos provenientes de la Seguridad Social, por la disminución del salario real de los trabajadores.
(Perfil)
