La figura de Ángelo Calcaterra, empresario y primo de Mauricio Macri, se llevó la marca pública luego de que se conociera que no continuará en el caso cuando, al mismo tiempo, se estaba apurando el inicio del juicio oral. Otros tres empresarios ya habían logrado que el expediente pasara a la órbita de la justicia electoral -aunque en otra etapa previa del proceso- y hay otros tres hombres de negocios que tienen la certeza de que tendrán la misma suerte.
Especialistas en cuestiones procesales aseguran que en el fuero electoral el caso ya está prescripto y, eventualmente, la responsabilidad por las irregularidades que se investigan podría recaer sobre el partido que recibió los fondos. Además, sobrevuela una pregunta: si los bolsos con dinero eran aportes para la campaña, ¿Cristina Kirchner y los ex funcionarios que recibieron los fondos no podrían pedir lo mismo que los empresarios?
“A la Justicia no le queda otra que darles el mismo trato”, arriesgó el defensor de uno de los ex funcionarios. Otros consultados, en cambio, son más cautelosos e incluso señalan que podría haber un juicio en donde no haya empresarios y solo se juzgue a los acusados que estuvieron en el sector público. ¿Una asociación ilícita que cobraba coimas, pero en donde no están acusados los que la pagaban? Son todas especulaciones porque lo cierto es que esta fue sólo la primera movida de este juego en escena.
El fallo de los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques se conoció a última hora del miércoles, antes que comenzara el fin de semana largo. La fiscal del juicio Fabiana León leyó indignada la noticia en los portales de noticias. Le duró poco la satisfacción que le había generado, apenas un rato antes, los dos fallos -también de Casación- que le ordenaban al Tribunal Oral Federal 7 apurar el inicio del juicio luego de que ella dejara expuestas las demoras y tardanzas.
“La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”. “Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad que este Ministerio representa”, escribió en esos planteos.
Hasta Oscar Centeno había reclamado apurar el inicio del juicio. El autor de los manuscritos, germen de esta acusación, se encuentra bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación hace casi seis años y afirma que vive con “innumerables restricciones económicas, laborales ambulatorias” y hasta familiares. Él sostiene que es inocente, pero la fiscalía lo incluyó como miembro de la banda cuyos movimientos relató. Hacia él preparaban también sus cañones las defensas: las anotaciones en un primer momento se dieron por quemadas y luego aparecieron cuando estaba a punto de asumir el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Para tener una foto: la causa 9.608/2018, que nació con las anotaciones de Centeno, tiene 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas”, y “encubrimiento”. Solo la fiscalía pidió 299 testigos y, entre la prueba, reclamó incorporar los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito en su contra y que fue una pieza clave para el fiscal Diego Luciani en el juicio en el que terminó condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner.
En cambio, la ex presidenta no pidió a ningún testigo, pero apuntó a otra prueba -para su defensa- clave: las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli mientras tramitaron esta investigación. En su escrito, insistió en cuestionar la validez de esta investigación y la autenticidad de los cuadernos. Fue parte de la presentación de prueba entregada al tribunal oral y que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli expusieron ante las partes en el último día de diciembre del 2022.Ahí también quedaba detallado el reclamo de Calcaterra y su mano derecho, Javier Sánchez Caballero, advirtiendo que sólo reconocieron entregas de dinero para aportes de campaña.
La envidia de todos los empresarios acusados fueron los responsables de Techint, los únicos que terminaron sobreseídos en la causa cuadernos pese a que confirmaron que habían entregado dinero durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. A la UIF del gobierno de Alberto Fernández se les olvidó apelar. A Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (que estuvo detenido), la fiscalía los quería escuchar como testigos junto a la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda María Horovitz, cuyos teléfonos pide investigar; y a Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero que le entregó los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot.
Precisamente, a fines de diciembre último, Bacigalupo fue procesado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, luego de que un peritaje lo señalara como la persona que manipuló los anotadores del remisero y realizara enmiendas en esos escritos. El denunciante y querellante en ese proceso es el empresario Armando Loson, del grupo Albanesi, uno de los que ahora espera que Casación también envíe su caso a la justicia electoral. Fue un reclamo hecho en instrucción que entonces no tuvo éxito. Pero Loson consiguió el jueves pasado, horas antes del fallo de Calcaterra, tener luz verde para que se analice su recurso e irse al fuero electoral. Junto a él están los empresarios Hugo Dragonetti y Jorge Balán.
Según pudo saber Infobae al comunicarse con varios defensores, mirarán los próximos movimientos para “subirse a la ola”. Sobre todo porque si hablamos de hechos de 2011, 2013 y 2015, todo estaría prescripto para la justicia electoral. “Hay que verlo bien, pero por lo menos pasaron 9 años… La ley no la hacemos nosotros”, dijo una fuente de ese fuero.
El efecto dominó dependerá de los propios tribunales. ¿Si le están dando el “ok” a acusados que confesaron bajo un acuerdo de imputado-colaborador los pagos y en esta instancia del proceso logran ‘zafar’, cómo podrían decir que no al resto?, se preguntaba frente a este medio una fuente experimentada en tribunales. Vale aclarar: de los empresarios que estuvieron acusados del pago de coimas, únicamente tres no reclamaron ese acuerdo y rechazaron las acusaciones en su contra: Carlos Mundín, presidente de BTU, el rionegrino Raúl Vertua; y Gerardo Ferreyra, que -a diferencia de todos los otros hombres de negocios- fue considerado parte de la asociación ilícita.
“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, sostuvo en diciembre de 2018 la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
De la causa por las anotaciones de Centeno, se abrieron más causas -gracias a las confesiones de los ex funcionarios o empresarios arrepentidos- y se anexaron otras que ya existían por entender que estaban todas encadenadas. Gas Licuado, subsidios a los colectivos, subsidios a trenes, los contratos viales, el lavado de dinero del ex secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz -en donde más dinero se logró recuperar-, el enriquecimiento ilícito de Julio De Vido, el lavado de dinero de su cocinera, la cartelización de la obra pública, en donde también hay decenas de empresarios acusados.
¿Qué pasará con esas causas?. “No lo sabemos. Primero esperemos a ver qué pasa con esto”, respondieron las fuentes escuetamente. Se espera saber si los impulsores de la acusación apelarán a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario que busque voltear la decisión de Casación. Los que podrían hacerlo son el fiscal de Casación Raúl Plee o los querellantes de la Unidad de Información Financiera o la Oficina Anticorrupción -que salió de la causa en el Gobierno de Alberto Fernández y volvió a entrar después de un fallido intento del ministro Mariano Cúneo Libarona para defender que estos organismos no debían ser acusadores particulares en las causas-. Nadie tiene certezas de que decidan apelar. Habrá que esperar.
Un día después de que explotara el escándalo de los cuadernos en la Argentina, con una serie de detenciones, un respetado economista llamado Javier Milei daba una nota a una radio chilena y reflexionaba: “los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. Las penas sobre los políticos deberían ser muchísimo más fuertes que las del empresario”.
(Infobae)
