La iniciativa del gobierno de Javier Milei para dejar sin efecto a través de un decreto la ampliación del régimen de Zona Fría, que beneficia con una tarifa reducida a millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires y otras partes del país, es “anticonstitucional” y tiene como objetivo apropiarse de un fondo de unos 100.000 millones de pesos a través del cual se compensan esos cobros, advierten desde la oposición.
El abogado Carlos Rajoy, militante peronista y actual referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof en el Partido de La Costa, que impulsó la ampliación del régimen que originalmente beneficiaba a la Patagonia argentina, y que en 2021 se extendió a varios partidos del sur y otras regiones de la provincia, además de otras provincias, cuestionó la movida del gobierno, que afectaría, entre otros, a los usuarios de 77 municipios bonaerenses.
“El gobierno no es claro, tergiversa y miente” al argumentar que la ampliación le supone un gasto al Estado, dijo Rajoy, entrevistado en el programa “Desconfiados”, al aire de Cadena Río 88.7.
“La realidad es que el Fondo Fiduciario se conforma con la plata que aportan todos los usuarios del país cuando pagan la boleta de gas”, explicó Rajoy. De esa manera, los usuarios en zonas no frías subsidian parte de la tarifa de los habitantes de las zonas consideradas frías según una normativa del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM, por su nombre antiguo).
“Lo que sí es real es que el gobierno quiere apropiarse de ese fondo, que es una caja de unos 100.000 millones de pesos, porque, obviamente, estarán necesitando plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero ese fondo fiduciario fue expresamente excluido del debate de la ley ómnibus [Ley Bases], porque hicimos una gran campaña, una gran movilización para que se excluyera. No se lo puede expropiar”, advirtió Rajoy.
Por eso, precisó que si la Nación quisiera expropiar el fondo, “lo va a tener que hacer a través de una ley votada por el Congreso”. Si intentara hacerlo por decreto, “sería anticonstitucional”, explicó. (La Tecla)
