Sin respuestas. A más de un mes de la asamblea en la que la Unión de Usuarios Viales reclamara y elevara un petitorio a autoridades del Ejecutivo y representantes de ambas cámaras legislativas de la Provincia solicitando una mejora de las rutas del sudoeste bonaerense, entre otros sectores, hasta el momento el pedido ha caído en oídos sordos.
El ente, que cuenta con integrantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, había solicitado que los funcionarios realizaran las gestiones necesarias para mejorar “el estado de deterioro y la obsolescencia de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires y en el territorio nacional”.
En este marco, se había pedido la creación de una comisión de seguimiento de cuestiones vinculadas con la infraestructura vial tanto a nivel nacional como provincial -en las tres provincias. A esto se sumaba el reclamo de declaratoria de emergencia y/o catástrofe vial en esos tres territorios.
Junto con la solicitud, se había elevado también un documento con detalles específicos sobre el estado de distintas rutas nacionales y provinciales que atraviesan estos territorios. En él, por supuesto, se encuentran muchas de las rutas y tramos que forman parte del Sudoeste Bonaerense.
El documento especificaba la necesidad de “una gestión urgente, constante y efectiva” en infraestructura vial, “por lo que reclamamos a los diputados y senadores provinciales y nacionales la declaración de desastre vial”.
“Solicitamos la creación de la comisión de asesoramiento ad hoc y ad honorem, integrada por los usuarios -quienes conocemos dónde se ubican las zonas y puntos críticos-, a los fines de proponer los trabajos de mantenimiento y reformas en las rutas en general y tramos en particular”, se indicó.
El informe detallaba tramos de rutas de jurisdicción nacional y de las provincias de Buenos Aires y La Pampa “con deficiencias de diseño, carencia de señalización adecuada y desactualizada, ondulaciones por hundimientos, pozos y dificultad de evacuación de agua de lluvia de la calzada por obstrucción por falta de mantenimiento de banquinas, entre otras carencias”.
“Nuestras rutas demandan obras que son urgentes para la seguridad en puntos específicos por falencias de diseño -ruta segura-, obras de mediano plazo, y obras de largo plazo planificando una red integrada, moderna y segura, lo que demandará una acción estatal continua y permanente durante años, debiendo comenzar sin demora”, se aclara.
Por eso, se solicitó que los legisladores “establezcan estrategias que permitan trabajar y realizar propuestas posibles y razonables, y abrir el debate productivo del cual aspiramos a ser parte en calidad de ciudadanos damnificados”.
Hasta el momento, la respuesta fue la nada misma.
“En realidad, tampoco teníamos grandísimas expectativas -se reconoció desde la comisión a La Nueva.-. Lo único que hemos visto es algún interés secundario de parte de determinados legisladores, que han pedido la realización de obras grandilocuentes”.
Según el documento, nuestro país cuenta con una red de caminos de 620.000 kilómetros, de los cuales 40.000 son de jurisdicción nacional, 180.000 provincial, mientras que 400.000 kilómetros pertenecen a la red terciaria o rural.
“De ese total, solo el 11 % está pavimentado y 3.300 kilómetros corresponden a autopistas o autovías. El 85 % del flujo de tránsito utiliza el 25 % de la red vial nacional, lo que indica la prioridad a intervenir”, se indica en el texto.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, esta tiene una red vial de 16.000 kilómetros, con más del 50 % en mal estado. De esos, 5.500 kilómetros son de jurisdicción nacional y 11.500 corresponden al ámbito bonaerense.
“El sector agropecuario es un pilar fundamental, ya que aporta el 39 % a la economía provincial y, por extensión, el 24 % a la economía nacional. Sin rutas, será cada vez menos competitivo. El mismo escenario se replica en las demás provincias con ofertas turísticas y con producción regional”, se agregó.
Financiamiento
En el documento enviado a los legisladores, la Unión de Usuarios Viales consideró que el Estado dispone de un menú de herramientas para la ejecución de un plan maestro a largo plazo, señalando que el impedimento no es presupuestario, sino de decisión política y prioridades.
“Las asociaciones público-privadas propuestas tampoco son una solución, considerando las malas experiencias en Gran Bretaña, Grecia, España y otros países de la Unión Europea que aplicaron esta modalidad. Se deberá investigar más a fondo otras opciones antes de aplicar un sistema que fracasó en países con economías estables”, se explicó.
También se remarcó que “el sistema de peaje no ha contribuido a la mejora de la red vial, mucho menos a la seguridad”.
“Solo es un negocio más con los que se ha expoliado a los usuarios. En la práctica tampoco cumple con la letra de la ley que lo creó. El Estado tiende a quitarse la responsabilidad de la gestión de las vías terrestres, y las otorga en concesión en rutas que el tránsito medio diario anual no soporta el cobro de peaje, y que solo dará un beneficio a los concesionarios”, se remarcó.
En este marco, el próximo jueves 21 se llevará a cabo un encuentro virtual con representantes de la Fundación Metas Siglo XXI, autores de los proyectos Autopistas inteligentes -también conocido como Laura-, para hablar sobre financiamiento de obras sin comprometer fondos estatales. A él se invitará nuevamente a los legisladores.
Estadísticas, propuestas y responsabilidades
El titular de la Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, había señalado a este medio que se iba a reclamar a “legisladores y funcionarios de distintos ámbitos, que se declare la emergencia y/o catástrofe vial debido al actual estado de las carreteras”.
A esto se sumaba la implementación de un plan de contingencia o de urgencia para los próximos cinco años, que comprenda el mantenimiento de calzadas, banquinas y puntos críticos por obsolescencia de diseño, entre otros requerimientos.
“Estamos reclamando y haciendo propuestas. Al no tener respuestas por parte de las autoridades, tratamos de generarlas nosotros mismos -había señalado-. Estamos así debido a la desidia y la falta de coraje de los legisladores para tratar estos temas”.
Al respecto, había explicado que “la inseguridad vial es una cuestión que nos abarca a todos”.
“En las estadísticas, que se reflejan en números, hay personas e historias de vida que quedaron en las rutas, produciendo muertes que eran evitables si hubiera políticas al respecto, como sí hay en los países serios -había expresado-. La estadística no nos exime, sino que nos incluye. Cuando los responsables de las políticas de estado no hacen caso a estas cuestiones, también están incluidos en ella”. (La Nueva)
