El Gobierno nacional reglamentó este martes la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, con el objetivo de flexibilizar las restricciones para las empresas del sector. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 57/2024, busca modernizar un sistema con más de 30 años de antigüedad, permitiendo que las compañías establezcan precios, rutas y horarios con mayor libertad.
“Se moderniza un régimen de más de 30 años de antigüedad con un sistema cerrado, permisos rígidos y burocracia excesiva, pasando a un sistema simple, declarativo, gratuito, digital y que mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes”, destacaron desde la Secretaría de Transporte, liderada por Franco Mogetta.
La nueva normativa exige que los transportistas se registren de manera online y gratuita a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Allí deberán presentar documentación clave, como nómina de vehículos y conductores, títulos de propiedad o contratos de leasing de los vehículos, y pólizas de seguro. Este registro se unificará bajo el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros (RNTAP) y tendrá carácter de declaración jurada. Según se precisó, aquellos ya operativos tendrán 60 días para regularizar su situación en el sistema.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó los beneficios de esta desregulación. “La Resolución 57/24 establece el procedimiento para que cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo. Simplemente informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. ¡Y listo! ¡A rodar!”, expresó en su cuenta de X. Además, señaló que esta medida reduce significativamente los tiempos burocráticos: modificaciones en recorridos o parámetros operativos que antes demoraban hasta un año ahora podrán gestionarse con solo 15 días de anticipación.
En paralelo a estas flexibilizaciones, el Ejecutivo intensificó las sanciones contra empresas de transporte que incumplen con la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Según el Gobierno, a pesar de fallos judiciales que ordenan garantizar estos derechos, algunas compañías continúan sin cumplir plenamente con esta obligación. La normativa vigente establece que las empresas deben proporcionar transporte gratuito a personas con discapacidad para cualquier trayecto relacionado con actividades familiares, educativas o laborales.
El Gobierno también recordó la obligación de brindar gratuidad en el transporte a niños, niñas y adolescentes con cáncer, en el marco del Programa Nacional de Cuidado Integral. No obstante, desde Transporte informaron que detectaron incumplimientos en la provisión de estos servicios y advirtieron que se avanzará con nuevas medidas sancionatorias para garantizar el respeto de los derechos estipulados.
Con información de Infobae
