El Ejecutivo nacional impulsa una reorganización profunda de las fuerzas de seguridad con el objetivo de delimitar funciones, evitar superposiciones y especializar tareas. La medida se concretará a través de un decreto que se publicará en los próximos días.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la encargada de articular la reforma que redefinirá la estructura y competencias de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en línea con los recientes cambios aplicados en la Policía Federal Argentina.
El Gobierno nacional se apresta a lanzar una reforma estructural de las fuerzas federales de seguridad. A través de un decreto que se oficializará en los próximos días, se redefinirán las funciones de la Gendarmería, la Prefectura y la PSA, con el fin de evitar superposiciones, especializar misiones y delimitar zonas de actuación concreta.
La reorganización incluirá la modificación de las leyes orgánicas vigentes —21.521, 19.349 y 18.398— y buscará concentrar los recursos de cada fuerza según sus capacidades operativas y el ámbito geográfico de acción, con un modelo similar al utilizado en Estados Unidos, donde cuerpos como la TSA, Guardia Costera y Guardia Nacional tienen competencias bien diferenciadas.
PSA: De fuerza aeroportuaria a fuerza del transporte
Uno de los ejes más significativos de la reforma será la transformación de la PSA en una fuerza especializada en el transporte público, no solo aéreo, sino también ferroviario y automotor. Esta medida implicará retirar a la PSA de los aeropuertos, reasignando ese rol a otras fuerzas, y fortalecerá su rol en tareas investigativas y preventivas vinculadas a trenes, colectivos y aviones.
Prefectura y Gendarmería: foco en puertos y fronteras
La Prefectura Naval Argentina, por su parte, concentrará su accionar exclusivamente en zonas portuarias, fluviales, ríos y mares, excluyéndose de otros operativos en áreas urbanas o terrestres.
La Gendarmería Nacional pasará a tener un rol prioritario en zonas de frontera, con presencia reforzada en el narcotráfico, contrabando y tareas de contención de conflictos públicos de gran escala, como movilizaciones o protestas masivas.
Cambios en el reclutamiento y distribución de efectivos
La ministra Bullrich lidera una revisión integral del sistema de seguridad federal que también incluirá modificaciones en los métodos de reclutamiento, formación profesional y redistribución territorial de los efectivos, en función de la nueva estructura.
Según confirmaron fuentes oficiales, el apuro del Ejecutivo por avanzar con esta reforma responde a que el 8 de julio vencen las facultades delegadas que le permiten modificar organismos sin pasar por el Congreso. Desde Casa Rosada aseguran que no buscarán prorrogar ese margen legal, ni por nuevas leyes ni mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Una PFA estilo FBI y nuevas potestades
Esta reestructuración se enmarca en una transformación más amplia que ya incluyó la conversión de la Policía Federal Argentina en un cuerpo similar al FBI, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Este nuevo organismo tiene facultades ampliadas, entre ellas la detención de personas por hasta diez horas sin orden judicial, cuando existan sospechas fundadas de delito.
La medida, que será oficializada mediante decreto, implicará un rediseño completo del sistema federal de seguridad, con un enfoque más operativo, menos burocrático y enfocado en resultados. Según el Gobierno, el objetivo es contar con fuerzas más eficientes, profesionales y mejor adaptadas a los desafíos actuales del delito y el crimen organizado. (Diario de Rivera)
