Alexia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense, fue trasladada al penal federal de Ezeiza por orden de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Está acusada de incitación al odio tras un escrache con excremento de caballo frente a la casa del diputado José Luis Espert, aunque aún no tiene una condena firme. La causa está bajo secreto de sumario y su defensa denuncia irregularidades en el proceso.

Abaigar fue detenida el pasado 25 de junio, luego de que se la vinculara con un episodio de protesta frente a la vivienda de José Luis Espert. En el lugar se encontró excremento de caballo y un pasacalle decía: «Acá vive la mierda de Espert». La orden de arresto fue dictada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien también dispuso el allanamiento de su domicilio y su posterior traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

El operativo incluyó también la detención de su madre, Eva Pietravallo, de 70 años, quien recuperó la libertad 48 horas después tras haber estado incomunicada. Según explicó la mujer en declaraciones radiales, la acusación se basó en la titularidad de un vehículo presuntamente utilizado en el escrache, que si bien figura a nombre de Abaigar, era utilizado habitualmente por ella gracias a una cédula azul.

La defensa de Abaigar, encabezada por el abogado Daniel Llermanos, cuestionó la calificación jurídica de los hechos y denunció que la jueza habría forzado una figura penal para justificar la detención. “No todas las conductas negativas son delitos. En este caso, se trata de una contravención vecinal como máximo, y no de una amenaza tipificada penalmente”, señaló. «Esto, más allá de si participó o no Alesia, no constituye un delito. Es el llamado escrache popular, que ocurre en Argentina y en muchos países del mundo”, agregó en Modo Fontevecchia.

“Se trata de una infracción municipal: colocar un pasacalle sin autorización y arrojar sustancias en la vía pública. Sin embargo, la jueza Arroyo Salgado lo trata casi como un acto terrorista”, denunció.

El letrado también afirmó que se trató de una reacción política frente a declaraciones del propio Espert, a quien calificó como “agente provocador”. Según explicó, el acto fue una respuesta a un insulto dirigido por el diputado a Florencia Kirchner días antes en la Universidad Católica Argentina. “Cuando uno agrede, es lógico que haya reacciones. Creo que Espert, en el fondo, busca rédito político, con esto”, agregó.

Además, el abogado aseguró que no pudo acceder al expediente y que el secreto de sumario sigue vigente, pese a que ya pasaron varios días desde la detención. También informó que Abaigar padece una enfermedad autoinmune severa, lo que complica su situación dentro del penal: «Necesita estar en ambientes sanos, secos. Su capacidad pulmonar está restringida al mínimo. Tenerla en una cárcel es un crimen. Lo digo así, directamente. Esto es ilegal y configura una forma de persecución”.

Desde el entorno del diputado Espert se solicitó a la jueza que no se otorgue la excarcelación por considerar a Abaigar una “persona peligrosa”. La jueza, por su parte, argumentó que su condición de funcionaria pública podría entorpecer la investigación.

Sin embargo, Llermanos refutó esa posibilidad: “El Ministerio de Mujeres de la provincia no tiene armas, no es la AFI. La idea de que pueda obstruir una causa federal carece de sentido».

Desde el entorno del diputado Espert, sin embargo, solicitaron a la jueza que no conceda la excarcelación, argumentando que Abaigar “es una persona peligrosa y con medios para eludir la acción de la Justicia”.

En relación con el rol de la jueza, el abogado expresó su desconcierto: «No es común que una causa, sin siquiera dictar el auto de prisión preventiva, tenga detenida a una persona por un hecho tan menor. Está actuando con parcialidad manifiesta y con injusticia manifiesta».

«Quizás se trate de un error judicial. Yo fui juez, y seguramente cometí errores, pero estos son demasiados, acumulados, y contra una joven, además con una salud muy debilitada, que perfectamente podría estar privada de libertad transitoriamente en su domicilio, con pulsera, o el mecanismo de seguridad que sea», agregó.

Por su parte, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario expresó su preocupación por la detención. A través de redes sociales, calificó el hecho como una “contravención menor” y criticó lo que describió como “uso desproporcionado del aparato judicial y policial frente a una protesta política”. En ese sentido, exigió la inmediata liberación de Alesia Abaigar, quien continúa detenida en Ezeiza, sin condena.