La postergación alcanza a los tributos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que por ley deben ajustarse de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, el Ejecutivo optó por diferir su aplicación para evitar un traslado inmediato a los surtidores.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno aseguró que la medida apunta a “estimular el crecimiento de la economía en el marco de un sendero fiscal sostenible”. La actualización automática de estos tributos está prevista en la Ley 23.966, que establece que los ajustes deben realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año.
El organismo encargado de aplicar estas actualizaciones es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, el gobierno puede posponer la entrada en vigencia de los aumentos.
En paralelo, la petrolera estatal YPF continúa implementando su esquema de “micropricing”, un sistema que permite variar los precios de manera dinámica según la demanda, la competencia y el flujo vehicular. La compañía ya aplica este modelo en corredores del conurbano bonaerense y, desde agosto, dejó de anunciar aumentos mensuales unificados para todo el país.
Según datos de la empresa, el nuevo mecanismo permitió incrementar un 28% las ventas nocturnas y duplicar el uso de pagos digitales a través de su aplicación. La petrolera estatal monitorea 170 corredores en todo el país mediante un centro de inteligencia en tiempo real, que analiza el comportamiento de los usuarios en más de 1.600 estaciones de servicio.
Decreto 699/2025:
