Horas antes de que se cumpla el plazo para que los condenados en la causa Vialidad depositen los $648.000 millones en concepto de reparación por el delito cometido, Cristina Kirchner pidió suspender la ejecución de sus bienes y anular la decisión del tribunal.
En el documento que presentó su abogado, Carlos Beraldi, la expresidenta volvió a cuestionar el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver.
Al respecto, Cristina Kirchner sostuvo que dicha cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”. Y amplió: “No tengo bienes que sirvan a esos fines y que, consecuentemente, puedan ser ejecutados, tal como se desprende de la intimación que aquí respondo”.
En ese marco, reiteró: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.
La titular del PJ, que cumple su condena en prisión domiciliaria, dijo que su evolución patrimonial “resulta absolutamente legítima”, del mismo modo que “la del resto de la familia Kirchner”. “Esta afirmación no es una elucubración defensista -aclaró-, sino se sustenta en pronunciamientos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada”.
En el escrito presentado ante Casación, la defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el método sin justificar por qué eligieron calcular con el índice de precios al consumidor del INDEC y no, por caso, con tasas bancarias. La suma se torna “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”, aseveró Beraldi en su escrito.
Cabe recordar que la expresidenta presentó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el resultado del peritaje particular sobre los bienes a decomisar en la causa Vialidad, y aseguró que la cifra es el 6% de lo que fue intimada a pagar. Con la firma del contador José Gaincerain, aseguró que “de conformidad con la metodología utilizada, el monto de decomiso actualizado al 10 de julio de 2025 arroja la suma de $42.494.357.845,17″.
La principal diferencia entre la cifra establecida por la Corte y aquella que expuso la defensa de la expresidenta, es que los peritos utilizaron -como cálculo- el monto el índice de precios al consumidor del INDEC, mientras que Gaincerain sostiene que la cuenta se debe hacer tomando la tasa pasiva promedio del Banco Central. El contador destacó que el TOF2 nunca estableció el método sobre cómo debería calcularse el monto. Sobre esta controversia se basa nuevamente Beraldi.
En ese marco, el letrado también recordó que la Justicia utilizó la tasa pasiva del BNA en los expedientes ligados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces. “En este caso, arrojaría cifras 100 veces menores”, por lo que, según su óptica, no existen motivos para apartarse de dicho cálculo. Es por eso, añade el documento, que debe suspenderse la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.
Todo lo expuesto representa un trato “desigual y arbitrario”, aseguró CFK. Además, adelantó que -de considerarlo necesario- recurrirá a la Corte Suprema y a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” para revertir la medida.
Con esta presentación de Cristina Kirchner, se abre una nueva etapa de apelación. Tanto el TOF 2 como Casación deberán resolver en los próximas días si hacen lugar a las solicitudes. En caso de negativa, la expresidenta recurrirá a la Corte Suprema.
Hasta el momento, de todos los condenados en la causa, CFK fue la única en presentar un pedido judicial. Resta conocer la estrategia de José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, José Santibáñez, Raúl Daruich, Raúl Pavesi y Juan Carlos Villafañe.
(TN)
