El Gobierno confirmó que el próximo lunes volverá a abrir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones al ingreso de la prensa acreditada a Balcarce 50. La decisión se conoció en la antesala del feriado del 1° de Mayo y en medio del avance del amparo presentado por Ámbito ante la Justicia para recuperar el acceso de sus periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
Además, el vocero presidencial Manuel Adorni volvería a brindar su conferencia de prensa habitual el lunes a las 11, ya con la sala nuevamente habilitada para la cobertura periodística. Según trascendió, la reapertura estará acompañada, al menos en una primera etapa, por mayores controles de ingreso.
La definición llegó en un momento sensible para el Ejecutivo. En la Casa Rosada creció en las últimas horas la preocupación por la posibilidad de que la Justicia dicte una medida cautelar contra el cierre de la sala, en respuesta al planteo judicial impulsado por este medio. Frente a ese escenario, el Gobierno evaluó que el costo político de reabrir el espacio por decisión propia era menor que hacerlo obligado por una orden judicial.
El amparo de Ámbito y el temor a una cautelar
El expediente iniciado por Ámbito ya se encuentra en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo de Walter Lara Correa. La presentación fue realizada luego de que el Gobierno bloqueara el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y eliminara sus huellas digitales del sistema de acceso.
La acción judicial incluye un pedido de medida cautelar innovativa urgente para que se restituya el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, acreditadas desde hace años para cubrir la actividad presidencial. En la demanda se sostiene que la medida adoptada por el Ejecutivo fue “ilegítima y arbitraria” y que vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar, el principio de igualdad ante la ley y el acceso ciudadano a la información pública.
En las últimas horas, el expediente avanzaba por su carril ordinario y había sido girado a la fiscalía para que dictaminara sobre la legitimación procesal y la competencia del fuero contencioso administrativo federal. En paralelo, dentro del Gobierno ya evaluaban como probable que el caso derivara en una cautelar contra el cierre de la sala, por lo que la reapertura aparece como un intento de anticiparse a una resolución adversa.
La explicación oficial y las críticas al cierre
La restricción había sido dispuesta el jueves pasado, sin una comunicación formal previa a los medios acreditados. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de revisar las condiciones de seguridad tras una denuncia penal presentada por Casa Militar, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia, contra dos periodistas de TN por presunto espionaje ilegal, luego de la difusión de imágenes grabadas en interiores y pasillos de la Casa Rosada.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, sostuvo entonces que la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se había tomado de manera preventiva frente a esa denuncia y con el objetivo de garantizar la “seguridad nacional”. Durante los días en que la sala permaneció cerrada, los periodistas que cubren habitualmente la actividad presidencial debieron continuar su trabajo desde bares y espacios cercanos a Plaza de Mayo, sin poder ingresar a la sede del Poder Ejecutivo.
La medida generó rechazos de entidades periodísticas como ADEPA, FOPEA y AEDBA, además de dirigentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. También hubo gestos de respaldo desde la Iglesia: el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, recibió a representantes de los periodistas acreditados y luego se mostró con ellos en Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo.
En ese contexto, Lozano advirtió sobre la necesidad de abrir canales de diálogo, dimensionar la gravedad de la situación y buscar soluciones. También sostuvo que el trabajo de la prensa acreditada en Casa Rosada cumple una función vinculada al derecho de la sociedad a conocer los actos de gobierno.
En paralelo, la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó una iniciativa para modificar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y establecer la obligatoriedad de contar con salas de prensa institucionales permanentes en los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema. El proyecto también busca impedir la revocación masiva de acreditaciones y dispone que cualquier restricción de acceso deba ser individual, fundada y sujeta a revisión judicial. (Ambito)
