La ofensiva judicial contra la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo con la incorporación de una demanda colectiva apoyada por más de un millón de firmas en todo el país. La presentación, impulsada por organizaciones ambientalistas, se articula con el amparo promovido por el gobierno de La Pampa, que también solicitó la inconstitucionalidad de la ley y frenar su aplicación.
El tema será eje de una conferencia de prensa prevista para los próximos días, donde el senador nacional Daniel Bensusán brindará detalles junto a referentes del sector ambiental.
La demanda colectiva fue presentada por Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante el Juzgado Federal de La Pampa. Desde esos espacios sostienen que la modificación del régimen de protección de glaciares implica un retroceso en materia ambiental y cuestionan tanto su contenido como el proceso legislativo que la aprobó.
En paralelo, la provincia ya había promovido un amparo ante la Justicia federal de Santa Rosa junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. La acción, patrocinada por la fiscala de Estado Romina Schmidt y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pide la suspensión de la norma hasta que se resuelva su validez constitucional.
El gobernador Sergio Ziliotto advirtió sobre el impacto que la reforma podría tener en el territorio pampeano. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, afirmó.
El agua como eje del conflicto
El planteo judicial se inscribe en una disputa estructural por los recursos hídricos. La provincia mantiene desde hace décadas un conflicto con Mendoza por el río Atuel y reclama el cumplimiento de un caudal mínimo, mientras que el río Colorado abastece a cerca del 45% de la población.
Según la presentación, la reforma vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, además de contradecir el principio de no regresión ambiental. En ese sentido, Schmidt advirtió que el eventual impacto “no es abstracto, sino real”, al señalar que cualquier alteración en la cantidad o calidad del agua afectaría a la población.
Las críticas también apuntan a que la nueva normativa habilita a las provincias a definir las zonas periglaciales donde podrían desarrollarse actividades como la minería, lo que —según los demandantes— pone en riesgo ecosistemas clave.
La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos, en una sesión atravesada por protestas en las afueras del Congreso. Con múltiples presentaciones judiciales en curso, su aplicación quedó ahora bajo revisión en tribunales.
El Diario AR
